El pasado 10 de noviembre en el Centro de Humanidades de La Cabrera, organizada por el Aula Observatorio de las Desigualdades de la Uniposible, tuvo lugar una charla debate que abordó uno de los aspectos clave para lograr una movilidad y transporte más sostenible: el aspecto social.
En primer lugar intervino un miembro del grupo de trabajo colaborativo creado para realizar un estudio sobre la situación actual. Indicó que el grupo está en la fase de diagnóstico y recopilación de información adelantándose algunos de los datos recogidos hasta esa fecha sobre las 7 líneas interurbanas que circulan por la A-1 y las 14 líneas comarcales que conectan diferentes municipios de la zona entre sí.
Para hacerse una idea de lo que supone utilizar el transporte público y las problemáticas detectadas se puso el ejemplo de la Línea 191 que conecta Buitrago del Lozoya con Madrid. Se señalaron las siguientes:
Los tiempos son excesivamente largos, sobre todo si se compara con el tiempo que se tarda en vehículo privado.
Las tarifas son caras. Aunque se diga que llevan años congeladas, desde 2010 el abono normal ha subido un 18,5%, de media. Mientras que los salarios y las pensiones o han bajado o se han estancado. Si se hace una comparativa con lo que cuesta el mismo trayecto viajando en vehículo privado (una sola persona, sólo consumo de gasolina) el precio del viaje sale igual o incluso más barato en varios de los supuestos contemplados.
Accesibilidad. No todos los autobuses están adaptados para personas con movilidad reducida.
Exceso de viajeros a determinadas horas, con los graves problemas de seguridad que comporta.
Ausencia de alternativas al uso de la carretera. No existe tren de cercanías en las proximidades, como tampoco una red de infraestructuras adecuada y bien señalizada que facilite los desplazamientos entre pueblos en bici o a pie.
En cuanto a las líneas comarcales se destacó: la escasa frecuencia en días laborables y la ausencia de servicios en fines de semana, así como la deficiente interconectividad con las líneas interurbanas en dirección a Madrid.
El fraude del bono social para personas desempleadas. En noviembre de 2015 la Comunidad de Madrid anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de un abono transporte para personas desempleadas de larga duración, pero no a todas, solo a aquellas que formasen parte del Programa de Activación de Empleo (PAE), añadía que «beneficiaría a 20.000 personas». La realidad, como siempre, desmiente esas expectativas. En septiembre de 2017 había 1.777 beneficiarios, según datos del S.E.P.E. lo que supone mucho menos del 1% de las personas en dicha situación.
Por su parte Pablo Aldama, concejal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, resumió muy brevemente las conclusiones de un informe realizado en esa localidad. Indicó que actualmente el 70% por ciento del espacio público urbano está dedicado al coche y que esto genera un gravísimo problema que se está enfocando como un asunto exclusivamente de tráfico cuando en realidad sus implicaciones van mucho más allá, afectando en definitiva a la calidad de vida de las personas. Son las políticas institucionales, vía presupuestos, quienes tienen la responsabilidad de garantizar ese derecho. Hasta ahora las políticas ejercidas por el gobierno autonómico, en manos del PP, siguen priorizando el uso del vehículo privado y el transporte por carretera obviando otras alternativas.
Como propuestas concretas para cambiar esa dinámica en el ámbito de Colmenar Viejo señaló: La participación ciudadana en la elaboración de los planes de movilidad; la extensión del tren de cercanías; el abaratamiento de las tarifas, incluyendo abonos, del transporte público colectivo para que a ninguna persona moverse en el ámbito de la Comunidad le costase más del 10 por ciento de sus ingresos y la creación de un carril bus-vao en la M-607 como alternativa más económica y de menor impacto ambiental al proyecto de realización de un 3º carril que supondría un gasto multimillonario.
El debate posterior fue rico en intervenciones coincidiendo muchas de ellas con lo expuesto por los dos intervinientes y señalando algunas más de las deficiencias y problemáticas expuestas como: la mala señalización en algunas de las marquesinas instaladas en el corredor de la A-1, cuando no la ausencia de ellas en muchos tramos lo que conlleva que se tenga que esperar a la intemperie e, incluso, obstáculos entre la acera y el autobús que dificulta el acceso a las personas con movilidad reducida.
Otro ejemplo mencionado fue la problemática de la línea 720 que va de Colmenar Viejo a Villalba, pasando por Soto del Real, Manzanares, y algunos de los pueblos de la sierra noroeste como El Boalo, Cerceda y Mataelpino o Moralzarzal. En concreto se hizo referencia a: las continuas averías y retrasos, tampoco llega hasta el hospital de Villalba, de referencia para muchos de los habitantes de esta zona.
Se mencionó, por otro lado, que el sistema radial que existe actualmente para la red de transporte por carretera es el que genera muchas de las problemáticas que se mencionaron y, por tanto, si no se cambia ese modelo seguirán existiendo los mismos problemas. Como alternativa se propuso crear centros comarcales que acerquen los servicios básicos a la ciudadanía
Conclusiones
Coincidimos en considerar la movilidad, en todas sus formas, como un derecho básico de las personas al igual que la educación, la sanidad, la vivienda, etc. y ese derecho solo puede garantizarse mediante un sistema de transporte público colectivo de calidad, accesible de verdad a todo el mundo que tienda a una mayor equidad social.
Partiendo de esa premisa, abogamos por la elaboración de PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible) de ámbito municipal y comarcal que aborden el tema desde una perspectiva integral. Dotado financieramente, que esté abierto a la participación ciudadana y contemple mecanismos de evaluación y seguimiento. En definitiva, se trataría de cambiar el modelo de movilidad actual hacia otro social, ambiental y económicamente sostenibles.

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