Promovido por la Diputación de Huesca y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante los días 22 y 23 del este mes, se ha celebrado en la ciudad aragonesa de Huesca «El Segundo Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural».
Cuarenta ponentes y cuatrocientos expertos y representantes de entidades públicas y privadas, se han reunido para hacer una puesta en común de los retos demográficos, económicos y ambientales a los que se enfrentan más de la mitad de los municipios españoles. De los 8125 municipios, 4.955 tienen menos de 1000 habitantes (INE 1/1/2017).
Las mesas redondas y los talleres paralelos han puesto de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan los hombres y mujeres del campo español.
El despoblamiento de los territorios del interior y de las áreas litorales de montaña, se han llevado a debate buscando respuestas complejas a realidades sociales complejas.
El encuentro ha facilitado la concreción de una líneas estratégicas, que pueden ser los principios sobre los que se basen los programas locales, regionales y estatales. que ralenticen, en tanto se busquen soluciones más duraderas y eficaces, a esta crisis demográfica.
Las conclusiones provisionales, a espera del informe definitivo de cada una de las mesas de trabajo, se pueden resumir con aquellas que responden, de forma global, a las necesidades de las personas que desean seguir viviendo en más de la mitad de los municipios españoles:
Los ayuntamientos y las diputaciones deben ser las administraciones que lideren las medidas de lucha contra la despoblación y quienes gestionen los fondos públicos destinados para ese fin.
Las políticas para frenar la despoblación deben ser una estrategia transversal, que actúe sobre todas las áreas implicadas en el medio rural y con especial incidencia en la población joven y mujeres.
Es necesario visibilizar la despoblación como un problema territorial que requiere instrumentos y normativa capaces de activar fondos que garanticen un mayor equilibrio territorial y una verdadera cohesión social.
Garantizar la prestación de servicios básicos públicos y de calidad: educación, sanidad, atención a la dependencia.
Invertir en comunicaciones y acabar con la brecha digital.
La mejora de las infraestructuras rurales como forma de vertebrar el territorio. En este sentido, establecer una red de transporte público a demanda, para rebajar el coste del transporte colectivo y garantizando la existencia del servicio.
Realizar acciones que fomenten la creación de empleo con incentivos fiscales, bonificaciones y fiscalidad diferenciada. Así como la puesta en marcha del estatuto del emprendedor rural.
Los gobiernos locales, junto a la FEMP, tienen que ser capaces de obligar al gobierno de España y a los gobiernos de las comunidades autónomas a que establezcan marcos legislativos en relación a la problemática de la despoblación.
Las administraciones locales han sido las más afectadas por los recortes presupuestarios; sin embargo, su papel es cada vez más importante en la atención a las necesidades ciudadanas.
Para aumentar la financiación local hay que mirar a la Unión Europea, y para eso hay que alzar la voz del medio rural en Europa.
Es importante una sensibilización legislativa. La ley de racionalización de la administración debe ser planteada teniendo en cuenta las características reales de los pequeños municipios del medio rural.
En definitiva, un congreso en el que se ha planteado la necesidad urgente de dotar al medio rural de políticas públicas, recursos económicos e instrumentos legislativos, con los que hacer frente a una crisis demográfica, que lleva irremediablemente a la desaparición de cientos de municipios del territorio español.