La reforma de la Administración local que plantea el gobierno de Mariano Rajoy tiene como principal titular que sólo cobre el 18% de los concejales. Teniendo en cuenta que apenas un 5% de los concejales de la Sierra Norte cobra, poco sentido tendría está reforma para esta comarca. Sin embargo, en otros apartados si ataca la independencia de gestion de los municipios.
El Gobierno apela a «los ideales» de los políticos para retirar el sueldo al 82% de ediles de los 8.166 ayuntamientos del país. El informe de la futura ley para la reforma de las administraciones locales recoge un ahorro neto de 7.129 millones de euros entre 2013 y 2015. Montoro prevé que la norma definitiva se aprobará para incorporarla en los presupuestos de 2014.
El texto del informe pasará por el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), dependiente de Hacienda. En este órgano será en donde los ayuntamientos deberían dar el visto bueno a la reforma planteada, un trámite complicado por las voces criticas surgidas desde los ayuntamientos. La dificultad de lograr un acuerdo de consistorios lo más amplio posible podría retrasar la aplicación de la ley hasta las próximas municipales, previstas para 2015.
Con esta norma, 56.097 ediles de los 8.166 ayuntamientos españoles trabajarán sin salario y sólo 12.188 tendrán dedicación exclusiva. La medida, recogida en el informe presentado al Consejo de Ministros, afecta a todos los consistorios, pero particularmente a los de menos de 1.000 habitantes, en donde no cobra ningún miembro del Ejecutivo local, ni siquiera el alcalde. En la Sierra Norte esto afectará a los ayuntamientos de Canencia y Lozoya.

Otros aspectos del proyecto

Se suprimen, por tanto, las llamadas «competencias impropias», asumidas indebidamente y que estaban ocasionando un grave perjuicio económico a los Ayuntamientos. Un Ayuntamiento tiene las competencias que le dice la Ley y sólo puede hacer esas competencias. Ello permite asegurar un número de servicios mínimos de los municipios, en función de su población, así como la financiación de los mismos. Únicamente cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, se podrán prestar otros servicios no obligatorios.
Las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las Comunidades Autónomas. Se establece un período transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias. En el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio será de un año.
Los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para conocer su coste real y comparar con el eficiente.
Si resulta que no se puede mantener el servicio, y se trata de una competencia impropia, se debe suprimir.
La delegación de competencias al municipio, cuya duración no será inferior a cinco años, irá siempre acompañada de la financiación íntegra de la misma. Para evitar situaciones de impago se establecen tres mecanismos para garantizar el cumplimiento de obligaciones entre Administraciones:
Se permite, por primera vez, la compensación de deudas pendientes entre Administraciones.
Podrá ser causa de revocación o renuncia de la delegación recibida de la Comunidades Autónomas, si no recibe la financiación acordada.
Sólo se podrán aceptar delegaciones o suscribir convenios con Comunidades Autónomas cuando se suscriba una cláusula de garantía de cumplimiento, que permitirá que la Administración General del Estado pueda retener transferencias a la Comunidad morosa del sistema de financiación autonómica.
Las mancomunidades y las entidades locales menores se someterán al mismo proceso de evaluación. Si no lo superan, serán disueltas. Los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las Diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores dependerán de los municipios.
Asimismo, se revisa en profundidad el sector público local y sus organismos dependientes, que habían crecido exponencialmente en los últimos años, con el objetivo de racionalizar su número y estructura, lo que generará ahorros importantes. Los Ayuntamientos no podrán crear ningún organismo nuevo durante la vigencia de su plan de ajuste y deberán corregir mediante un plan de saneamiento la situación de déficit de sus empresas dependientes, o liquidarlas.
En el plazo de tres meses, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio y las mancomunidades deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. Igualmente, se someterán a la evaluación de sus servicios.

En cuanto a las retribuciones de los alcaldes seguirán el siguiente esquema_
De 5.001 a 10000 —–> Un 40% de la que recibe un secretario de estado
De 2.001 a 5.000 ——> Un 30% de la que recibe un secretario de estado
De 1.001 a 2.000 ——> Un 20% de la que recibe un secretario de estado
Menos de 1.000 ——-> No podrán tener retribución

Se fijan el número de personal eventual asesor que podrán tener los Ayuntamientos:
De menos de 5.000 hab. —> Ninguno
Entre 5.000 y 10.000 hab. —-> 1

Se establece un límite de cargos públicos con dedicación exclusiva, según el volumen de población del municipio:
Menos de 1.500 hab. —-> Ninguno
Entre 1.500 y 2.000 —–> 1
Entre 2.001 y 3000 —–>2
Entre 3.001 y 10.000 —-> 3

Reacciones

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías,  criticó la reforma ya que con ella se inicia «la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos». Según el dirigente socialista, «no es cierto que se vayan a ahorrar 3.500 millones de euros» con la reforma y que el objetivo del Gobierno «no es que los ayuntamientos sean más eficaces y más eficientes».»El PP está privatizando la sanidad, la educación y, ahora, les toca privatizar los servicios públicos municipales».
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara opina que «criminaliza a los ayuntamientos por un despilfarro económico que no es tal. La deuda municipal apenas supone un 4% del conjunto de las administraciones. Además, hay que recordar que de cada 100 euros, 13 los gastan los ayuntamientos, 37 las comunidades autónomas y 50 el Estado».?Del mismo modo, criticó que se pretendan «suprimir por arte de magia cerca de 1.000 mancomunidades sin saber bien cuál será la alternativa. Con la excusa de que no presentan sus cuentas se las hace desaparecer o se intervienen directamente ayuntamientos cuando estas mancomunidades son precisamente organizaciones creadas por los propios ayuntamientos por su propia decisión para resolver los problemas más cercanos que tienen los ciudadanos y hacerlo de la forma más eficiente y ofertar servicios con menos coste para los vecinos».
La reforma local que plantea el Estado, en un anteproyecto en el que, entre otras medidas, transfiere las competencias de los Ayuntamientos en materias sociales y escuelas infantiles a las comunidades autónomas sin la financiación pertinente con que hasta ahora contaban los municipios, ha sido recibida con un rechazo frontal de los partidos de la oposición, pero también por alcaldes del PP.
Incluso el presidente de la Comunidad. «Si no se dan los dineros para llevarlas adelante, es evidente que no las vamos a poder realizar», sostiene Ignacio González. «Los servicios habrá que seguir prestándolos, pero sin financiación no podremos asumir nuevas funciones».
«Es un desmantelamiento de los ayuntamientos. En 1979 entré de concejal al ayuntamiento de Fuenlabrada, y en ese momento los municipios tenían más competencias que como las van a dejar ahora. Y veníamos del franquismo», ha expresado José Quintana, portavoz adjunto del PSM. «Esta reforma local está pensada para que no haya un mayor gasto en servicios sociales. Es una vergüenza. Aquí, por ejemplo, resulta que las becas de comedor o de libros se van a dejar de dar… Hay 1.200 niñas y niños que es posible que la única comida que tengan sea esa. Esa ayuda de comedor», .
«Me parece que el gobierno acierta a establecer competencias. No tiene sentido que compitan ayuntamientos y comunidades por los mismos servicios. La Comunidad no es responsable de que un ayuntamiento haya desarrollado por su cuenta y riesgo servicios sociales, los ayuntamientos tendrán sus responsabilidades básicas. Ahora hay que ver cómo esos servicios que van a dejar de dar se resuelven», ha argumentado el portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna, que ha reconocido que «queda abierto el interrogante de financiación».
«Las líneas de la reforma no nos gustan, están incompletas y mal encaminadas. Nos parece bueno todo lo que sea favorecer, promover o incluso obligar a eliminar las duplicidades, pero no se acaba con las Diputaciones provinciales, un receptáculo de clientelismo», ha expuesto Luis de Velasco. El portavoz de UPyD valora positivamente que «se pasen las competencias siempre que sea con la recaudación competente», y espera que «se encuentre una solución».