Chema Guevara

El Arcade Residente

El indulto otorgado por el Gobierno a un conductor condenado por homicidio, cuando circulaba en sentido contrario por la AP-7 en septiembre de 2003, ha desatado las protestas de amigos y familiares del fallecido y de asociaciones de victimas en accidentes de tráfico. Condenado a 13 años en enero de 2011, ingresó en prisión en febrero 2012 tras agotar todo tipo de recursos. El pasado mes de diciembre, el indulto concedido a propuesta del ministerio de Justicia le ha devuelto la libertad cuando apenas había cumplido 10 meses de cárcel.
Las sospechas de tráfico de influencias han surgido al conocerse que en el bufete encargado de la defensa, uno de los más elitistas de Madrid, trabajan familiares directos de altos cargos del PP. Si comparamos la actitud benevolente del Gobierno en este caso con, por ejemplo, la mantenida en el caso del extóxicomano gallego al que se le ha denegado por dos veces el indulto, es fácil comprender de qué estamos hablando. Causar la muerte a un conductor y heridas graves a su acompañante, conduciendo en dirección contraria en una autopista de manera intencionada, es susceptible de ser perdonado por mostrar arrepentimiento, algo que no le ha ocurrido al acusado de pasar una última papelina hace tres años y que desde entonces ha realizado importantes progresos en su rehabilitación. El primero, un directivo de Opel, que esa misma tarde, circulando a gran velocidad ya había protagonizado un alcance a otro vehículo, ha demostrado tener buenas relaciones con el partido en el poder, el segundo es militante de un partido de izquierda.
Estamos ante un ejemplo más de la desigual aplicación de la ley por parte de un aparato del Estado podrido por la corrupción y el tráfico de influencias en el que no es difícil distinguir la herencia franquista. Un modelo de justicia que se pliega a las exigencias de quienes tienen poder y se muestra implacable con quienes resultan molestos o despreciables. Desde la legalización de los avisadores de radar que permiten infringir los límites de velocidad sin sanciones, hasta la rápida inhabilitación de un juez instructor de la causa contra una trama corrupta, mientras se ralentiza el procesamiento a los responsables de inducir, tolerar o practicar el soborno, el abanico de ilegalidades amparadas por la ley es vergonzosamente amplio.
Son las mismas triquiñuelas legalistas que protegen el descaro institucional que intenta ocultar la innegable práctica de buscar concesiones de negocio y favores a cambio de una comisión económica entregada a quienes están en los centros de decisión.
El cinismo siempre ha sido una cualidad necesaria para ocupar puestos de responsabilidad política. Todos los gobernantes han de hacer uso de esa habilidad social para justificar su actuación y enfrentar las críticas a sus decisiones. Pero hay que reconocer que quienes hoy nos gobiernan, tras el master realizado en sus tiempos de oposición, están destacando como unos auténticos maestros en ese arte de negar la evidencia y confundir la libertad con privilegios adquiridos.
Que todavía se intente representar el papel de dirigente sorprendido e incrédulo ante los escándalos que se publican, o atreverse a negar el funcionamiento corrupto de las instituciones, es una actitud tan ridícula que mueve a risa. Y no digamos la carcajada que puede provocar las declaraciones en las que apelan a una estricta aplicación de la ley. Cada vez está más extendida la sensación de que no es que nos tomen por tontos, es que, mientras no los desalojemos de sus poltronas, estamos demostrando que efectivamente lo somos.
Sólo así se puede entender que se proponga la creación de un gran pacto contra la corrupción y que alguien que se lo crea. ¿PP y PSOE unidos contra la corrupción? Sí, y CIU, todos apoyados por la Casa Real y con la bendición de la Iglesia Católica. Seguro que ahí está la solución. Y si no, se puede seguir el ejemplo del PP en Madrid que anuncia la creación de una fiscalía anticorrupción dirigida por un expresidente de Endesa. La idea es buena, pero mejoraría si se incluyen asesores de las empresas dedicadas a la organización de eventos y seguridad, de las grandes constructoras, de las petroleras y de la banca.