Huelgas ante la privatización de Hospitales y Centros de Salud

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El anuncio por parte de la Comunidad de Madrid del denominado » Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público» y que supone en la práctica, que éste deje de serlo, con la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud, además de la privatización de otros servicios sanitarios, ha producido el enfado de trabajadores, personal sanitario y pacientes. Hasta tal punto que el conflicto es , sin duda, el mayor problema actual de la Comunidad de Madrid.
Por primera vez los siete sindicatos de la sanidad se han unido en esta convocatoria que ha sido secundada mayoritariamente en todos los hospitales y centros de salud madrileños, en los que solo se atendieron urgencias. A pesar de los datos proporcionados por la comunidad, en los que dan una participación de entre el 26% y el 35%, bastaba con asomarse a centros de salud y hospitales para saber que la cifra de los sindicatos, cercana al 90% estaba más cerca de la realidad.
{phocagallery view=category|categoryid=100|limitstart=0|limitcount=0}Pararon todos los trabajadores los días 26 y 27 de noviembre, aunque los médicos especialistas prolongaron la huelga dos días más. Habrá nuevos paros los días 4 y 5 de diciembre convocados de forma unitaria por todos los sindicatos (de clase y profesionales) y continuará la huelga indefinida de lunes a jueves convocada por la Asociación de Facultativos Especialistas.
A las jornadas de Huelga se suman los encierros, que se mantienen en más de 20 hospitales y centros de salud, así como las denominadas Mareas Blancas, marchas de protesta en la capital, el 18 y 29 de noviembre, que aglutinaron a miles de médicos, trabajadores de la salud y pacientes.
Además el pasado 30 de noviembre, se presentaban en la Consejería de educación más de un millar de firmas que piden la derogación de la ley, al tiempo que cientos de sanitarios pedían la dimisión del consejero Fernández-Lasquetty.

Pérdida de puestos de trabajo

Los medicos afirman que, además del empeoramiento de la calidad sanitaria, la privatización supone la desaparición de 27 categorías laborales y recortes de plantilla en los centros sanitarios estimados en más de 7.000 puestos de trabajo. Además, remarcan que «no es cierto» que la privatización de los seis hospitales nuevos y del 10% de los centros de salud garantice el carácter público del sistema sanitario porque supone que «empresas privadas» que persiguen «el beneficio y el dividendo empresarial» gestionen los recursos habilitados por el presupuesto regional. «Nuestro dinero no será su beneficio», incluye el manifiesto leído uno de los días de la huelga ante los manifestantes.

El Hospital Infanta Sofía será uno de los privatizados

El Hospital de referencia para todos los vecinos de la Sierra, el Infanta Sofía, será uno de los privatizados. En el trabajan unos 1.500 profesionales sanitarios, además del resto del personal. Ninguno tiene claro la continuidad de su puesto de trabajo.
Pero además, insisten en que los pacientes perderán el contacto con sus médicos habituales y que las empresas privadas que lo gestionen, escatimarán en recursos para poder obtener más beneficios.
Por ello, llevan convocando diferentes actos de protesta, como concentraciones, información a los pacientes, cortes de tráfico o un encierro en el salón de actos, además de los coordinados con el resto de plataformas de la región.

La Comunidad de Madrid lo niega todo.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fernández-Lasquetty y el propio Ignacio González niegan que la privatización de la sanidad se vaya a producir. Ellos prefieren llamarla «externalización de la gestión de los hospitales». Mantienen que ningún usuario tendrá que pagar por las consultas, pero admiten que les gusta la gestión privada porque supone un interesante recorte del gasto.
Por su parte, el Director General de Hospitales, Antonio Burgueño, ideólogo del proyecto de privatizaciones, se ha hecho famoso en internet, por un vídeo en el que defiende, en una conferencia pública, recuperar las «igualas» y abonar los servicios a los médicos de cabecera.

Las empresas que se beneficiaría.

En los presupuestos de la Comunidad aparecen 500 millones de euros, destinados a la empresas adjudicatarias de los hospitales y aunque nada se sabe todavía, al menos de forma pública de cuales serán las condiciones de privatización de los hospitales y centros de salud, se apunta a varias empresas que ya gestionan hospitales en Madrid y en otras comunidades gobernadas por el PP. Capio y Ribera y Salud son dos de ellas. Se da la circunstancia, además de que hay un proceso de absorción de la segunda empresa por la primera. Ambas empresas sospechosas de tratos de favor.
En el caso de Ribera Salud porque el hijo de Antonio Burgueño, director de hospitales de la Comunidad de Madrid, trabaja en esa empresa y concretamente es jefe de Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad.
En el caso de Capio, cuyo principal accionista es un fondo de capital riesgo con sede en Luxemburgo, hay insistentes rumores de que importantes dirigentes del PP son accionistas de la empresa. Los rumores llegaron a ser de tal calibre que Capio consideró oportuno enviar la semana pasada una comunicación interna a sus trabajadores para desmentir que políticos como Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, María Dolores de Cospedal y su esposo Ignacio López del Hierro estén relacionados con la empresa.
El grupo Capio es uno de los principales proveedores europeos de asistencia sanitaria, líder del mercado en Suecia y España, cuarto en el Reino Unido y segundo en Francia.Tiene presencia en Noruega, Finlandia, Dinamarca y Alemania y también está ligado a actividades inmoviliarias. Creado en 1993, en Suecia, tiene una facturación anual superior a 12.000 millones de coronas suecas (1.200 millones de euros) y 14.000 empleados. En nuestro país, cuenta con 28 centros, 14 de ellos hospitales, entre ellos, la Fundación Jiménez Díaz o el Hospital Alcorcón Sur en Madrid. También es el concesionario del Hospital de Valdemoro. Está presente en siete comunidades autónomas y su facturación supera los 300 millones de euros, más de 200 en la comunidad de Madrid donde cuenta ya con más de medio millón de pacientes.

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