José Béjar de Prados. Rascafría.

Es notorio las numerosas quejas sobre excesos de ruido en fiestas patronales y otros eventos «desorganizados» que en poblaciones de todo tipo se suceden en época estival al son y la jactancia de quien da más alboroto y deteriora más el medio y las arcas públicas.
Todos estos eventos, que suelen albergarse en plazas centrales de las poblaciones, suelen ocasionar numerosas molestias e incomodidades que a los equipos gobernantes de sus ayuntamientos les suelen «traer al pairo», si no le toca a alguno en su fibra íntima.
Y no por ser generalizado el daño es menor. Los festejos nocturnos, que son los que ocasionan mayor deterioro ambiental y trastorno psíquico, se han visto tan aumentados en cantidad, horas de duración y volumen de sonido que sobrepasan el disparate y por supuesto el sentido común.
Las fiestas locales y el resto de eventos por su carácter extraordinario deben de exponer ante el público su esplendor y su belleza, pero esa excepcionalidad no es sinónimo de ausencia de reglas, del todo vale; hay que imponer límites, porque todo ello afecta a los derechos de los vecinos y del ciudadano en general.
Las administraciones locales deben garantizar la protección ante el ruido. El problema surge cuando la competencia que tienen es utilizada de forma inoportuna y en lugar de emplearla para reducir los niveles de protección, introduciendo elementos correctores y medidas suficientes para alcanzar un nivel óptimo, sucumben ante intereses particulares o coacciones juveniles que se lo impiden.
Como se expresa en otros artículos de distintas fuentes informativas referidos a este asunto, esto sucede en las fiestas locales, en las que lo «extraordinario» del hecho festivo pretende que sea legítima cualquier excepción con la excusa de la «tradición», el «ingrediente económico» «el influjo turístico» o la «temporalidad del hecho», convirtiéndose los festejos de bastantes poblaciones en territorios sin ley, donde prácticamente todo es tolerable y en su totalidad tolerado. Ya ha habido sentencias condenatorias que han obligado a los consistorios a indemnizar e incluso a paralizar festejos. (Torrelodones, Moralzarzal ….)
Llevo años de lucha contra este atropello y en numerosas cartas presentadas y artículos publicados me he dirigido a las diversas corporaciones y en particular a sus equipos de gobierno presididos por las últimas alcaldesas de Rascafría. En ellos se ha pedido a toda costa, lo que son derechos inalienables de la ciudadanía y una obligación para los responsables organizadores. Derechos tan elementales como el descanso, la intimidad y el derecho a trabajar en condiciones óptimas.
Harto de que «marearan la perdiz», me dirigí al defensor del pueblo, entonces D. Enrique Múgica, pidiendo amparo y su intervención ante semejantes abusos de poder y despotismos mostrados.
Esta institución comprobó los hechos y envió una carta-sugerencia en la que instaba a la corporación a tomar una serie de medidas encaminadas a minimizar los efectos perniciosos que estos espectáculos ocasionan, recibiendo en su contestación, meses después, «largas cambiadas» a estas sugerencias y, como siempre, saliéndose por la «tangente» con medias verdades e incongruentes respuestas.
Posteriormente, su sucesora Dñª Soledad Becerril, volvió a instar al Ayuntamiento de Rascafría a tomar una serie de medidas y reiterando las siguientes observaciones que expongo de forma abreviada:
1. «Incluir en las condiciones previas a la licitación de los contratos el compromiso de los adjudicatarios de respetar los horarios y límites de ruido, para respetar el descanso de los vecinos. 2. Aumentar las exigencias ambientales y organizativas en épocas de celebraciones, con la misma finalidad. 3. Añadir a las bases anuales de las fiestas u otras celebraciones un condicionado ambiental sobre contaminación acústica, gestión de residuos, control y vigilancia de los horarios de las actividades.
La Administración debe seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y, en este caso, adoptar medidas para solucionar el problema detectado en la Plaza de la Villa. A juicio de esta Institución, el Ayuntamiento tiene que estudiar los efectos negativos que generan las fiestas para intentar minimizarlos como, por ejemplo: limitar los días y las horas de utilización de la discoteca móvil así como el uso de los amplificadores (que no son instalaciones «tradicionales») o trasladar las actividades más molestas a otro lugar. En suma, se busca que los actos de las fiestas o de otras celebraciones (conciertos como «Locos por la música y mucho +» o «Trail-Walker») dejen de suponer un perjuicio para quienes no desean participar en ellas y puedan vivir dignamente durante esos días. Durante las fiestas el Ayuntamiento ha de acentuar la supervisión del cumplimiento de las normas elementales de convivencia, para evitar males que en otras fechas no aparecen. Aún más, si considera que no dispone de los medios materiales o personales para hacer frente a todas las cuestiones planteadas, puede solicitar a las Administraciones provincial o autonómica la cooperación y asistencia activas que precise para el eficaz cumplimiento de sus funciones (como realizar las mediciones Local. Por otra parte, se valora positivamente el intento municipal de organizar las fiestas patronales o eventos para promocionar el Municipio o reactivar la economía local, pero ha de ser procurando reducir los inconvenientes a los vecinos; vale decir, si es sabido que durante los días de fiestas o celebración de conciertos se produce un nivel de ruido y de actividad muy superior al ordinario, entonces el nivel de prevención ha de ser proporcional y, por tanto, coherentemente mayor. Esta Institución considera que una Corporación local debe procurar el bienestar de los vecinos en todo momento, lugar y ocasión, por lo que de conformidad con los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.
Vistas las contestaciones del Ayuntamiento de Rascafría, esta Institución considera que la información recibida del Consistorio parece implicar la no aceptación de la SUGERENCIA, al no haber sido posible obtener una resolución de la administración pública adecuada a la propuesta que esta institución le dirigió. De ahí que haya resuelto dar por finalizadas las actuaciones, incluir este asunto en el informe anual a las Cortes Generales y comunicarlo al Ayuntamiento de Rascafría. Fdo. Soledad Becerril –DEFENSORA DEL PUEBLO.
Animo a los vecinos de este y otros municipios que se sientan desamparados ante sus cabildos por perjuicios psíquicos o económicos a denunciar estos hechos. Esta Institución es un buen medio.
Y a mi ayuntamiento decirle: «Enhorabuena», otro logro más para añadir; publicidad gratuita.