Servirá para reducir o eliminar las garantías legales y procedimentales destinadas a proteger el medio ambiente

El  viernes 19 de julio concluían los siete días otorgados por el Gobierno regional para presentar alegaciones a la nueva ley ómnibus, la cual modifica 131 artículos de diez leyes relacionadas con el urbanismo, el medio ambiente y la protección animal.

Desde 2021, esta es la tercera ley ómnibus que se emplea para reducir o eliminar las garantías legales y procedimentales destinadas a proteger el medio ambiente y gestionar adecuadamente el territorio madrileño.

Las organizaciones ecologistas Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente, Jarama Vivo y Liberum Natura, manifiestan la imposibilidad de evaluar detalladamente el anteproyecto de ley y presentar alegaciones pero adelantan que tomarán todas las medidas a su alcance para denunciar y frenar lo que consideran prácticas tóxicas del Gobierno regional.

El 10 de julio, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior presentó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el informe relativo al anteproyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio. Al día siguiente, el 11 de julio, se anunció el trámite de audiencia e información pública, reducido a tan solo siete días hábiles, hasta el 19 de julio. El exiguo plazo se debe a que dos meses antes, el 8 de mayo de 2024, el mismo consejero acordó la tramitación urgente del anteproyecto. De esa forma se elimina el trámite de consultas públicas previas, se reduce el plazo de información pública y se recorta el trámite parlamentario. Todo ello sin que existan razones veraces que justifiquen ni la envergadura de la modificación ni la urgencia de la misma.

Siete días hábiles es un plazo absolutamente insuficiente para la evaluar con detalle un texto que afecta a diez leyes y a ciento treinta y un artículos de normas tan heterogéneas como la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, la Ley 2/1991 para la protección y regulación de la flora y fauna silvestre de la Comunidad de Madrid, la Ley 8/2005 de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, la Ley 4/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la garantía del suministro eléctrico de la Comunidad de Madrid, la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, la Ley 17/1984 reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, la Ley 4/2016 de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid y la Ley 26/1997, de Creación del Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria (IMIA) de la Comunidad de Madrid. Recorte del derecho de participación

A juicio de los colectivos ecologistas, el Gobierno regional está cercenando gravemente los derechos ciudadanos y los de las asociaciones interesadas al impedir “de facto” el derecho a la participación en los asuntos públicos, establecido en la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, en la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido como Convenio Aarhus,

De hecho, no se entiende este mínimo plazo a no ser que lo que se pretenda, precisamente, sea la ausencia de una participación rigurosa y fundamentada. Hay que tener en cuenta que por imperativo de la agenda de la Asamblea de Madrid, el debate parlamentario no se producirá, como pronto, hasta octubre.

Tres leyes ómnibus para mutilar leyes ambientales

No solo el plazo es motivo de preocupación. La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura han expresado su inquietud por la frecuencia con la que el Gobierno regional utiliza la tramitación de leyes ómnibus para modificar en bloque múltiples leyes. Desde 2021, esta es la tercera ley de estas características que se tramita, además en periodos vacacionales.

En diciembre de 2022, la Ley 11/2022 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid modificó prácticamente toda la normativa ambiental madrileña, habilitando el periodo de información pública en plena Nochebuena. Posteriormente, en diciembre de 2023, la Ley 16/2023 de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid modificó once leyes, dos de ellas ambientales, sin habilitar siquiera el trámite de información pública.

En general, estas normas, repletas de una abundante retórica sobre «sostenibilidad», reducen los procedimientos que garantizan la prevención de la especulación inmobiliaria y la protección del entorno natural madrileño, transformándolo en una especie de parque temático con cabida para cualquier cosa

En el caso del último anteproyecto ómnibus, si bien uno de los objetivos es “la ineludible conservación de nuestro medio ambiente y la revitalización del medio rural”, una lectura rápida del texto permite afirmar que la mayoría de las modificaciones que se plantean tienen un único eje director, la relajación de los controles y garantías medioambientales y sociales de las políticas y leyes autonómicas en materia urbanística y medioambiental.

Por todo ello, ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, aunque no podrán alegar en el plazo concedido, sí realizarán un estudio del texto normativo para tomar todas las medidas a su alcance para denunciar y frenar estas prácticas legislativas tóxicas del Gobierno regional.