José de Villamisar.

Los efectos de la crisis están siendo todavía realmente demoledores para nuestra Comunidad. Los recortes aplicados por las distintas administraciones públicas en los servicios más esenciales laminaron no solo la percepción de bienestar, sino incluso la de seguridad de las personas en cuanto al derecho a que sean cubiertas sus necesidades básicas relativas a sanidad, educación, justicia y prestaciones sociales. Los recortes aplicados a los servicios públicos en los últimos años dejaron las escuelas con muchos menos profesores. Correos también perdió empleados. Muchos universitarios se quedaron sin beca, porque no llega el presupuesto, racionaron el combustible a los forestales y a la guardia civil, y la administración deja de contratar personal y pretende atender por Internet.
La contención del gasto aplicada en los últimos años, la reducción del número de empleados públicos, la merma de las plantillas en las empresas y la caída general de las ayudas e inversiones agrava las carencias del sistema, doblemente penalizado ahora por la fuga de dinero público y un nivel de corrupción política nunca imaginado.
La ciudadanía en su conjunto es la pagana de ésta crisis, provocada por los poderes financieros y una clase dirigente corrupta e incompetente. El desafecto creciente de los ciudadanos hacia los políticos debería ser suficiente revulsivo para que relegasen el partidismo y fueran capaces de lograr un consenso que regenerase el sistema. Es la mínima concesión que deben hacer a una sociedad huérfana de un proyecto común, esperanzador, equitativo y solidario.
Pero ésto no es un mal solo de nuestra Comunidad, España entera está sufriendo el mismo problema, nos estamos endeudando enormemente y por mucho que suban los impuestos no es suficiente para pagar los gastos. Este gobierno está empeñado en arreglar este desaguisado a costa de reducir el coste de los empleados públicos que junto con las pensiones es la gran partida.
No hacen nada para reformar las administraciones, de donde se podría sacar buena parte del presupuesto. En primer lugar, eliminar las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, televisiones públicas, ONG’s, ect. Habría que rebajar el número de políticos a menos de la mitad y dejar de gastar inútilmente en aeropuertos, autopistas, aves, controlar el gasto de los políticos y no dejarles que gasten según su criterio, como aconseja el Presidente del Congreso de los Diputados a raíz del caso «Monago». ¿Habrá algún Diputado o Senador que no haga lo mismo que Monago?, Yo, lo dudo.
Ahora que se habla tanto de reformar la Constitución, sería buena ocasión para abordar de lleno el el Título Octavo y eliminar de una vez el Estado de las Autonomías, que es un cáncer económico que no nos podemos permitir y que si no se remedia nos llevará a la «tumba económica».Como consecuencia de tener tantas administraciones, como las autonómicas, que nos cuestan más de 80.000 millones de euros al año, España tiene ya el mayor índice de pobreza de la Unión Europea, el de mayor tasa de desempleo, un enorme déficit público, y somos uno de los países de la Unión que más impuestos pagamos, pero éstos no son destinados a sostener el estado de bienestar, ni a solucionar la crisis económica, sino a mantener una administración autonómica que sólo beneficia a políticos corruptos, caso Cataluña, caso Andalucía, caso Valencia, caso Baleares, caso…
Pero, no creo que ni Rajoy, ni Sánchez, ni por supuesto Pablo se atrevan a abordar el tema en toda su crudeza, por lo tanto, salvo que la economía crezca a niveles muy altos estamos condenados a seguir cuasi cuasi en la ruina.