La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, ha denunciado el oscurantismo, la mala fe, el despilfarro y la mala gestión que está realizando el Gobierno de Esperanza Aguirre en relación con el Canal de Isabel II, ya que no se trata sólo del «expolio de lo que es de todos los madrileños», sino que además toda la información relevante para la sucesión empresarial a Canal de Isabel II Gestión S.A. «no está a disposición del Consejo de Administración».
Valcarce se manifestaba así en rueda de prensa junto al consejero de UGT y trabajador de la empresa de aguas, Andrés Muñoz, donde además ha criticado el despilfarro que suponen las duplicidades que se crean con las dos empresas, puesto que ahora hay, entre otras cosas, dos consejos de administración, «eso sí» el segundo de ellos con la «expulsión de la representación de los trabajadores» ha reprochado.
Asimismo, la diputada socialista ha criticado que los populares madrileños la utilicen como «altavoz para que pague la publicidad, para que pague las campañas de imagen del Gobierno Aguirre», tal y como demuestra el hecho de que se gasten 4,5 millones de euros sin IVA en una campaña con una duración de un año. En este sentido, ha recordado la última campaña que realizó la empresa de aguas, que fue en el 2010 donde se gastó 2,4 millones de euros para dos años. «Es un ejemplo más de despilfarro y mala gestión. Es intolerable» ha manifestado.
En este punto, Valcarce, tras apuntar que el Canal de Isabel II es una empresa rentable, ha indicado que a los socialistas madrileños les preocupa por qué esos beneficios no revierten en el Canal, «sea como inversión, sea como mejora de las condiciones de trabajo de los empleados o mejorando a todos los madrileños» por lo que ha propuesto la implantación de una «tarifa social».
«Los socialistas pedimos que los beneficios que no revierten en la nueva empresa se utilicen para poner en marcha una nueva tarifa social que beneficie a los madrileños que más lo necesitan, como son las personas desempleadas, las personas con bajos ingresos, las personas mayores, las personas más vulnerables» ha indicado.
Por su parte, el trabajador y consejero del Canal de Isabel II en representación de UGT, Andrés Muñoz, ha declarado que la posición del sindicato ha sido desde un primer momento de oposición «frontal», puesto que están en contra del proceso de privatización, a la vez que ha denunciado que no se les dio toda la información «suficiente y necesaria» para poder tomar «responsablemente esta decisión» y más cuando ahora se les exige a los consejeros responsabilidades por las decisiones que toman.
«Nos parecía que esta decisión no se podía tomar sin el análisis importantísimo de toda la documentación. Por lo tanto votamos en contra, por un lado porque estamos en contra del proceso de privatización y porque no se nos dio la información suficiente y necesaria para poder tomar responsablemente esta decisión».
Asimismo, Muñoz ha criticado que como consecuencia de esta sucesión empresarial los trabajadores del Canal y los que vengan en un futuro sufrirán la pérdida de casi todos los derechos que han ido adquiriendo en los 161 años de historia de la empresa de aguas, una empresa que se caracteriza «por dar un buen servicio a los ciudadanos» ha concluido.

Partido Socialista de Madrid