“En relación con el contenido del artículo publicado en el medio de comunicación social “sendanorte.es” el pasado día 9 de marzo de 2023, firmado por D. P.A.T. bajo el título “Creación de nuevas empresas en el municipio de Gascones (Madrid) y despoblación de la Sierra Norte”, el Ayuntamiento de Gascones quiere hacer constar que, contiene una información falsa, inexacta y contraria a las resoluciones administrativas que obran en los archivos municipales.

Este Ayuntamiento, como todos los ayuntamientos de esta Comunidad, quiere que en su municipio se instalen cuantas actividades contribuyan a dinamizar la actividad económica y reviertan en un aumento del empleo para los vecinos. Por eso, no sólo no se pone ningún obstáculo a cuantas iniciativas se presenten, sino que trata de facilitar, con los medios que disponemos, el cumplimiento de la normativa vigente. Ese ha sido nuestro deseo desde un principio, pero los hechos han demostrado que el autor del citado artículo nunca ha tenido intención de cumplir con ninguna normativa, sino más bien, de actuar al margen de ella. Y parece que esta es su forma de actuar en este pueblo y en cualquiera donde ha montado sus negocios. Por este motivo, se han tenido que adoptar diferentes resoluciones de paralización de obras y de actividad en cumplimiento de la legalidad urbanística vigente.

En un estado de derecho como el nuestro, todos los ciudadanos, incluido el autor del artículo, está sometido a la ley, y su incumplimiento comporta la imposición de la sanción correspondiente. Aunque Gascones es un municipio pequeño y con pocos habitantes, y por tanto su ayuntamiento cuenta con escasos medios, no puede dejar de hacer cumplir la ley con cualquiera que considere que está por encima de ella. Si cualquier empresario local tramita sus licencias para abrir sus establecimientos de forma legal y pagan los impuestos que corresponden por ello, lo lógico y lo legal es que este otro empresario, o así se considera él, lo haga igual que lo hacen los demás.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este “empresario”, como hace llamarse, no pide ninguna licencia a su nombre, sino a nombre de Dª R.M.M., familiar muy cercana a él, y entendemos que para que este señor explote la actividad tendrá el contrato oportuno, si no estará defraudando a Hacienda

La verdad de los hechos no es la que contó este “empresario” en el artículo que publicó en este medio. La verdad de los hechos sólo es una: la que consta en el expediente municipal. Un resumen de lo que consta en el expediente municipal es la que se expone a continuación, que por cierto es la misma que ya conocen los juzgados, donde este asunto terminará de resolverse, porque a quién se empeña en no cumplir la Ley, los jueces terminan de obligarle a que lo haga.

Este asunto empieza con un “empresario” que primero monta y abre un negocio (en este caso un aparcamiento de autocaravanas y un bar), sin pedir licencia ni de obras, ni de actividad ni de funcionamiento. Es decir, abre al uso público ilegalmente y sin control municipal un establecimiento sin ningún tipo de control ni urbanístico ni técnico ni ambiental. El Ayuntamiento se da cuenta y de manera inmediata y como no puede ser de otra forma, le exige que legalice la situación, presentando todos los documentos técnicos necesarios para solicitar las tres licencias que necesita, instándole a que clausure el negocio mientras las obtiene.

En vista de la documentación técnica que presentó, no fue posible que los servicios técnicos y jurídicos municipales emitieran informes favorables, porque lo que describían sus proyectos no se ajustaba de ninguna manera a lo que establecen las Normas Urbanísticas municipales. Está claro que redactó los proyectos sin mirarse las Normas. Y nunca clausuró de manera voluntaria su negocio, es decir, siguió abierto sin ningún tipo de licencia. Todo el mundo entiende la ilegalidad que supone abrir un camper y un bar sin ninguna licencia, poca explicación necesita eso.

El Ayuntamiento fue notificando reiteradas veces al “empresario” su obligación de legalizar el negocio y que, mientras presenta corregida la documentación técnica para obtener las tres licencias, debe tener cerrado el negocio. No solo no hizo ambas cosas, sino que acudió a los juzgados para tratar de conseguir que el Ayuntamiento parara de exigirle cosas que, según él, no tiene porqué cumplir. Tiempo más tarde él mismo retiró de los juzgados su demanda, sabedor de que nunca iba a conseguir ganar ese contencioso. Más bien lo contrario: sabía perfectamente que, de seguir con ese juicio, la sentencia se pronunciaría obligando al Ayuntamiento a clausurar el negocio hasta que lo legalice todo y a imponerle la multa correspondiente.

Por fin, a mitad del año 2022, el Ayuntamiento consigue hacerle entender que debe legalizar su negocio por las buenas y como hace todo el mundo. Y en octubre de ese año el “empresario” presenta un escrito en el Ayuntamiento reconociendo que tiene que legalizar todo (es decir que no tiene licencia para hacer nada), comprometiéndose a la clausura voluntaria de su negocio hasta que lo consiga. Volvió a presentar documentación para intentar legalizar, pero volvió a tener informes no favorables, en los que se le ha requerido para que complete y subsane el proyecto, antes de que el Ayuntamiento pueda concederle la licencia y de obras y de actividad. Para obtener la licencia de funcionamiento que es la única que le permitirá abrir su negocio, antes deberá girarse una visita de inspección para comprobar que ha ejecutado todo según consta en los proyectos que presentó.

Bien, pues el Ayuntamiento comprobó en el puente de la Constitución que el “empresario” rompió su compromiso de mantener cerrado hasta la legalización y hubo que volver a girar inspección urbanística que culminó con la colocación de un PRECINTO DE CLAUSURA en presencia de la Guardia Civil, por motivos de salvaguardar la seguridad de las familias que estaban allí alojadas con su autocaravana, sin que el estableciento cuente con ningún tipo de autorización para estar abiertos. Esta orden de precinto viene respaldada por la dirección general de disciplina urbanística y Mancomunidad de Arquitectura. Y eso no es todo, pasados unos días, el Ayuntamiento comprueba que el empresario ha retirado el PRECINTO DE CLAUSURA, lo cual constituye un delito, y lo ha sustituido por otro en el que da a entender que está ejecutando ciertas obras de mantenimiento del establecimiento, sin tener el permiso todavía

A la vez que eso, el empresario acude a los juzgados para solicitar, de manera urgente, que le dé orden al Ayuntamiento para que le permita abrir su negocio, aún sin contar con licencias, porque se ve perjudicada su economía al tenerlo cerrado, después de haber invertido su capital. Y el juzgado le responde de manera inmediata que le deniega semejante solicitud, lo que le indica que, para abrir, primero debe legalizar, como establece la Ley y como hace todo el mundo.

El Ayuntamiento ya dispone de los informes técnicos y jurídicos que concluirán en estos días al otorgamiento de la licencia de obras y de la de actividad. Pero eso aún no le habilita a abrir su negocio. Primero debe girarse la inspección técnica para comprobar que todo está según lo que haya declarado en los proyectos técnicos. Una vez girada la inspección y el Ayuntamiento disponga del ultimo informe favorable, otorgará la licencia de funcionamiento y ya será posible que el empresario abra el negocio de nuevo. Salvo que argumente que con la licencia de actividad es suficiente y, nuevamente abra el negocio sin contar con la debida licencia, lo cual terminará como todo el que esté leyendo estas líneas se imagina, es decir mal.

Por tanto, los hechos reales para nada han sido como este empresario los contó en el artículo que publicó en este medio, eso está claro. Faltó a la verdad de manera interesada, contando los hechos de manera parcial para que pareciera lo que no es y para tratar que los lectores se hicieran una imagen de él que tampoco se corresponde con la realidad. Los hechos le dejan en evidencia.

En ningún momento ningún miembro del Ayuntamiento ni de la Mancomunidad de urbanismo tanto a nivel administrativo como a nivel político se han negado a concederle ninguna de las reuniones que ha solicitado.

Por todo ello; ante las injustificadas e infundadas difamaciones que se vierten en su artículo, hemos de aclarar que, el señor D.P.A.T., aunque habla del mismo en primera persona, no es titular de ningún negocio o explotación en la zona tal y como hace referencia en su artículo. Por tanto, la explotación de la misma la llevará a cabo por orden o a cuenta de un tercero. Sobre el fondo de los hechos expuestos, e independientemente de sus intereses particulares en dicha explotación, la realidad es que la inversión que se pudo realizar no contaba con el correspondiente permiso de obra. Se ha abierto una actividad al público sin la oportuna licencia de actividad que la soporte. Se han desatendido cuantas notificaciones ha realizado este Ayuntamiento al objeto de cesar la actividad e intentar iniciar la legalización de esta. Igualmente, tampoco se ha cumplido el compromiso ofrecido por la titularidad de permanecer cerrado hasta que se haya completado el proceso de legalización tal y como establece la normativa vigente. Los Juzgados y Tribunales han confirmado todas y cada una de las actuaciones de este Ayuntamiento hasta la fecha y rechazadas todas y cada una de sus pretensiones. Este Ayuntamiento nunca se ha negado a dar una licencia de obra o de actividad, simplemente pretender cumplir la normativa vigente y atender escrupulosamente al procedimiento administrativo correspondiente.

Lamentamos profundamente que se cuestione de manera pública e injustificada no solo la labor de este Ayuntamiento, sino especialmente de cuantos funcionarios públicos han prestado sus servicios en este asunto con pleno sometimiento a la Ley, a sus obligaciones y en el ejercicio de sus responsabilidades.>>