A instancias del Partido Popular y con el apoyo de Izquierda Unida, los concejales del Ayuntamiento de Torrelaguna se reunieron en pleno extraordinario el pasado 15 de septiembre para debatir sobre la posible modificación de la ubicación de la planta de gas natural licuado.
Para sorpresa de los presentes, ya que se preveía su victoria en la votación al estar el Gobierno en minoría, Eduardo Jiménez Rodríguez, portavoz del PP, adelantó que su grupo abandonaría la sala una vez valorado el informe «amenazante» redactado por la secretaría municipal sobre las posibles consecuencias jurídicas y económicas de cambiar el terreno.
«Ante la abstención de IU, los vecinos comprenderán que no podemos endeudar a nuestras familias con las cantidades económicas, de entre 600.000 y 6.000.000 de euros, que la empresa podría reclamarnos. En esta situación, no nos queda otra que dejar el pleno».
Sin los cinco concejales populares, Silvia Calcedo, representante de IU, entonó su preocupación por los vecinos afectados. «Hemos agotado todos los cartuchos posibles». «Sabiendo que no hay otra ubicación, planteamos una permuta de terrenos, posibilidad que rechazó la empresa por la demora y los costes que ello supondría». «Además, solicitamos que los vecinos se reunieran con la compañía y también que se realizara una consulta ciudadana, opción esta última que descartaron los afectados y también el PSOE». «El pueblo no ha hablado, no podemos decidir sin saber el parecer de todos, por todo ello nos abstendremos».
María Jesús Mañero, de AAT y primera teniente de alcalde, recordó que «este proceso no ha empezado hoy», aludiendo a los muchos trámites realizados. Especialmente, Mañero hizo hincapié en el convenio autorizado el 19 de marzo, «fecha en el que se aprobó por unanimidad de todos la cesión de la parcela elegida». Asimismo, destacó que la permuta, como tal, no era viable, al «tener que estar sujeta a los planes de urbanización y al diseño de las unidades de ejecución».
A continuación intervino el alcalde, Óscar Jiménez Bajo, quien quiso subrayar en primer lugar que el informe jurídico se había pedido «ante el temor de incurrir en problemas después de que, por unanimidad, se le otorgara ciertos derechos a la empresa». «Si una sentencia puede ir contra varios concejales es porque hace sólo unos meses se mostraron a favor».
«Esta manera de proceder genera una gran inseguridad jurídica, parece que ya no sólo vale cumplir con los requisitos y con la ley». Además, el regidor también se refirió al caso de Guadalix «donde el PP ha vendido como un éxito la llegada del gas a pesar de que la planta está más cerca de las casas que en Torrelaguna».
Finalmente, el primer edil quiso expresar que la llegada del gas no respondía a un «empeño personal»: «me está causando un gran desgaste, pero si decidimos seguir adelante es por responsabilidad y por coherencia. No podemos permitir que una infraestructura como el gas no venga a Torrelaguna. Junto a los más de 73.000 euros que percibirá el Ayuntamiento, están las inversiones en canalización, valoradas en más de 750.000 euros, el gran ahorro energético para familias y centros municipales, y la mayor recaudación de impuestos para mejorar nuestra localidad».
En cuanto a la votación, tanto PSOE como AAT e IU se abstuvieron, quedando todo igual que al principio.
En www.torrelaguna.es se pueden consultar varios documentos relativos a esta cuestión, como el convenio sobre la parcela apoyado por todos los grupos políticos en marzo, los detalles del informe técnico de la secretaría, los vídeos de los plenos, y el histórico de actuaciones, en el que se recoge el rechazo de los servicios técnicos municipales a la primera ubicación prevista para la planta de gas, cerca del cementerio.