A pesar de la subida de los precios, y con la crisis que acecha al sector, La Comunidad de Madrid estima que el valor de un cordero o cabrito lechal, más el lucro cesante, más los daños indirectos causado por un ataque de lobos, no supera los 60 euros
La Unión de Agricultores Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid, UGAMA, consideran una burla hacia el sector la reciente modificación de la Orden 1624/2016, publicada en el BOCM el pasado 10 de noviembre de 2022, por la que se establecen las nuevas bases reguladoras de las ayudas para compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de lobos, perros asilvestrados y buitres de la Comunidad de Madrid, y que entre otros cambios, recoge una actualización de la cuantía de las indemnizaciones por ataques de lobos, buitres y perros asilvestrados en la Comunidad de Madrid.
UGAMA, lamenta que no se hayan tenido en cuenta gran parte de sus aportaciones en estas nuevas bases reguladoras y que no se hayan actualizado los importes por animal de manera significativa. “Desde UAGMA llevamos solicitando la actualización de esta orden de ayudas y aportante propuestas desde hace años a los distintos directores generales de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid”.
Ésta era una modificación muy esperada y necesaria para avanzar en el problema de la coexistencia entre fauna salvaje con la ganadería y lamentamos que una vez más, se haya perdido la oportunidad de ser justo con los ganaderos que sufren ataques a sus animales. Y que sin embargo, se haya quedado en papel mojado por culpa de una administración que parece importarle poco el sector primario de nuestros pueblos y que en vez de ir amortiguando el impacto de los daños causados en nuestras granjas por especies especialmente protegidas como el lobo lo acentúa con su unilateralidad, opacidad y falta de empatía con el sector.
Desde UGAMA se recuerda, que hay numerosas demandas judiciales aún pendientes de resolver y numerosas sentencias, todas ellas condenatorias al gobierno regional (alguna hasta del Tribunal Supremo) que crea jurisprudencia y que establecen que como mínimo se debería de indemnizar a los ganaderos con cuatro veces más de lo que contempla la actual orden de ayudas y que, sin embargo, son ignoradas reiterativamente por el ejecutivo madrileño.
“Parece que ni siquiera se han tomado la molestia de comprobar que un cordero lechal del país no hay quien le compre hoy por menos de 120 euros y si a esto le añadimos que en caso de que los animales atacados precisen servicios de atención veterinaria, tampoco se paguen íntegramente los gastos, las cuentas no salen”- Afirma Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA.
La organización señala también que la situación actual en cuanto al número de ataques de lobo en la Comunidad de Madrid, va en constante aumento con ataques casi a diario, algunos en lugares muy cercanos de la capital como Soto de Viñuelas o Tres Cantos.
Asimismo, sostienen que aunque la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales se empeñen en negar la mayor, rebajando el número de ataques de los 318 del año 2018 a los apenas 108 en el año 2021, esta disminución es debida a que los agentes forestales lo certifican como especie atacante desconocida y no como ataque de lobo, y también añaden que tan solo se encuentran un 50% de los restos de los animales atacados.
Finalmente, la organización señala que estos hechos, juntos con los bajos importes a percibir por la pérdida de un animal y la demora en recibir las ayudas una vez han sido solicitadas, hacen que a los ganaderos no le quede más remedio que acudir a los tribunales con un coste adicional para ellos y para todos los ciudadanos madrileños, que son los que pagan los gastos jurídicos derivados de la pésima gestión en este asunto de La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura y es por ello, que solicita una reunión urgente con los máximos responsables de dicha Consejería a fin de poner un poco de cordura y realismo, adaptando las indemnizaciones a las valoraciones reflejadas en las sentencias firmes de los distintos tribunales.
Pues el, la o los funcionarios de la CAM, averronchados en su sillón del despacho, deberían informarse de lo que le cuesta a un ciudadano un cabrito para Navidad, por ejemplo; que parece que no se enteran y viven en «los mundos de Yupi», como aquel, que no sabia lo que cuesta un café en cualquier bar. ¡ Vaya politicos!