El Consejo de Gobierno, dentro sus competencias de coordinación, aprobó el borrador de la Ley de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que permitirá que se sigan desarrollando convenios en materia de educación, sanidad y violencia de género, entre otras materias, con los 179 municipios de la región, y que profundiza en la voluntad de evitar las duplicidades de competencias entre administraciones.
Según el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, los objetivos prioritarios de esta Ley son establecer las pautas en la Comunidad de Madrid para adaptar la legislación estatal y poder seguir prestando a los madrileños los mismos servicios públicos en materia de educación, sanidad, violencia de género o de la Agencia Antidroga, entre otros, y garantizar la normalidad administrativa en el proceso de traspaso de competencias.
Las disposiciones de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, suponen la asunción de nuevas funciones y competencias en el ámbito de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos. Ante este nuevo marco normativo competencial, desde el Gobierno regional se plantea la necesidad de desarrollar una nueva Ley para establecer un conjunto de medidas sobre la aplicación efectiva de la reforma estatal en la Comunidad.
Con esta Ley regional se garantiza, entre otros, que sigan existiendo las mancomunidades, que, si no, desaparecerían el 30 de junio, o que los 308 centros escolares que tienen convenio con la Comunidad de Madrid sigan su actividad. En materia de escuelas infantiles la Comunidad mantiene 148 convenios con ayuntamientos a los que destina más de 30 millones de euros.
Una adaptación que también permitirá, por ejemplo, que continúen los convenios con 51 ayuntamientos en materia de violencia de género, a los que se destinan casi 7 millones de euros, así como los convenios de prevención y asistencia que tiene la Agencia Antidroga con 16 ayuntamientos y 2 mancomunidades, a los que se destinan más de 7 millones de euros anualmente.
Esta Ley recoge, según Victoria también las peticiones de las entidades locales, que se basan clarificar los aspectos competenciales de atribución que corresponde a las Entidades Locales de la región y desarrollar algunos aspectos procedimentales y de tramitación administrativa.