El problema de los ataques de lobos en la Comunidad de Madrid se ha agravado en las últimas semanas. Según informaciones recogidas por UPA a los ganaderos de la zona norte de la región, más de medio centenar de explotaciones han sufrido ataques en los últimos meses.

La Comunidad de Madrid reconoció en una reunión con parte de los ganaderos afectados que entre seis y siete ejemplares de lobo ibérico están «establecidos» en la región. Aunque para los ganaderos esta cifra sería aún mayor, a la que habría que sumar las numerosas jaurías de perros asilvestrados que también atacan en ocasiones al ganado.
Los ganaderos han querido explicar que no están en contra de los lobos, «pero si los políticos quieren proteger una especie de animal salvaje, y esa especie causa graves daños a un grupo de profesionales y a una actividad económica, el Estado debe hacerse cargo de la situación».
En Madrid, las indemnizaciones a los ganaderos por ataques de lobos están sujetas a la suscripción de un seguro. UPA lleva tiempo reclamando que las indemnizaciones sean directas y las cuantías más acordes a la realidad y a las que aportan otras Comunidades Autónomas. Los ganaderos reciben 15 euros por cordero muerto por ataque, 50 euros por oveja y 150 euros por ternero, cuando el precio de estos animales en el mercado es cinco veces superior.
Según UPA, para que sea posible la convivencia entre la ganadería y la protección de determinadas especies de fauna salvaje, la Administración «debe tomar cartas en el asunto, estableciendo una política de indemnizaciones lógica y adecuada» y, sobre todo, articulando medidas preventivas para evitar los ataques, con ayudas a la mejora de los sistemas de cercado y subvenciones a la compra de perros mastines.
Los ganaderos han avisado de que este año muchos de ellos «ya no están subiendo» sus animales a las tierras de pasto de la sierra, lo que incrementará la maleza en el monte y, con ello, el peligro de incendios.
Desde UPA Madrid también han solicitado a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha la orden que regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre, como el lobo, el buitre, el jabalí o la cabra montesa con subproductos animales no destinados al consumo humano.