CCOOEl miércoles la Comunidad de Madrid daba luz verde al proyecto de la Ley Maestra de “Libertad Educativa”, trasladando así el debate a la Asamblea de Madrid previo a su entrada en vigor, que se prevé a lo largo del próximo curso 2021/2022.

La Ley Maestra se ha elaborado de espaldas a la comunidad educativa e ignorando las necesidades reales del sistema educativo en la Comunidad de Madrid, y ha sido, desde el principio, una mera estrategia de confrontación con el gobierno central.

Su principal razón de ser, según el gobierno de Díaz Ayuso, es la protección de la “libertad de enseñanza”, diciendo incluso querer defender el artículo 27.2 de la Constitución con esta ley. Dicho artículo solo habla de la libertad de fundar establecimientos educativos y de la libertad de cátedra, nada dice de la libertad de las familias de elegir centro educativo, que es un derecho secundario y sujeto a la propia organización de la red de centros.

La gran ironía es que esta libertad de elección de la que hablan no es, ni mucho menos, libre. En el juego mercantil que dicen defender, donde funcionan la oferta y la demanda, el gobierno regional el Partido Popular y sus socios se han dedicado a modificar la oferta, reduciendo plazas y cerrando aulas en la enseñanza pública, y promoviendo la concertada a través de cesiones de suelo y facilidades de todo tipo.

Claro ejemplo de esto es la capacidad que esta ley otorgaría a la Comunidad de Madrid para ceder suelo público dotacional a entidades privadas, rescatando así las partes más criticadas de la LOMCE. Dada la falta de competencias de la CM en este ámbito, consideramos que se trata de una cláusula inconstitucional. No puede ser que los bienes comunes, pagados con los impuestos de todos, vayan a la educación de unos pocos.

La libertad de elección en la Comunidad de Madrid es un espejismo. Al final del día, hay miles de familias que se han quedado sin plaza en la pública y se han visto obligadas a acudir a centros que no han elegido, en ocasiones sin más remedio que acudir a centros concertados.

“O concertada, o cambiar de distrito”, esa es la supuesta libertad de muchas familias.

Evidentemente, el motivo por el cual se promueve la educación concertada es por pertenecer al sector privado, y por las amistades, los negocios (y los probados casos de corrupción) que han conectado a la enseñanza concertada y al Partido Popular en el pasado. Es de imaginar que el reciente y populista interés del gobierno de Díaz Ayuso por la educación especial es, en realidad, el deseo de promover conciertos también en los centros de educación especial. Si realmente les preocupara la educación inclusiva, aumentarían la inversión destinada a esta educación, en la que la CAM es deficitaria desde hace años.

La Ley Maestra, además, vulnera el derecho a la educación inclusiva. Según la ONU, la educación especial en España debe caminar hacia la integración, y esta ley la lleva en dirección contraria, todo con tal de asegurar un nuevo nicho de mercado a las empresas que manejan la concertada.

Esta ley, que en la mayoría de los casos trata temas que escapan a sus competencias, pretende hablar también sobre el “derecho al castellano”, que al parecer está en Madrid gravemente amenazado. Lo cierto es que esta parte de la Ley Maestra abre la puerta a que las familias denuncien el bilingüismo fallido y elitista que ha convertido el Inglés en lengua vehicular. Quizá esta sea la única parte salvable de la Ley Maestra, si eso significa el cese inmediato del programa bilingüe en la Comunidad de Madrid.