La Federación de Municipios de Madrid (FMM) cree que la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (Esicam179) que el Gobierno regional ha aprobado en sustitución de las Brigadas Especiales de Seguridad (Bescam) “es más equitativo” que el modelo anterior, pero lamenta que no se ayude a los municipios que verán reducida su financiación.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la FMM se reunió el pasado 17 de diciembre para evaluar este modelo, cuya fórmula considera “más equitativa” porque basa su financiación en el criterio del número de habitantes, una cuestión “más objetiva” que la del anterior convenio, según recoge la Federación en un comunicado.
En concreto, la Comisión reconoce que esta estrategia favorecerá a 56 municipios que verán incrementada su financiación, pero habrá otro número de localidades, mayor de 56, que se verá perjudicado y tendrá que “cubrir un agujero enorme en su contabilidad”.
Por ello, el presidente de la Federación, Guillermo Hita, lamenta la “falta de consenso” en la redacción de la nueva estrategia de seguridad integral, que es rechazada por esos municipios que verán menguada su financiación.
En este sentido, Hita explica que la Comisión de Seguridad de la FMM había pedido incluir en la nueva estrategia algunos elementos «compensadores y progresivos» sobre la financiación y la duración de los convenios, para “no poner en peligro” el sostenimiento y la financiación de la seguridad ciudadana en los municipios “que sufren cuantiosas pérdidas”.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid no ha incluido esas peticiones, entre las que destacaba que “se mantuviera” la financiación a los municipio “que pierden” ingresos, al menos durante cuatro años y con convenios plurianuales que “les permitieran ir adaptando sus finanzas a la reducción de ingresos”.
También se proponía que no se acudiera al modelo de subvención, por ser “volátil y poco garantista”, y que se mantuviera la fórmula de convenio, que además “permite una mayor duración”.
La FMM reprueba que la Comunidad de Madrid no haya aceptado esas premisas, que son “absolutamente necesarias” para los municipios que verán reducidas sus partidas para seguridad ciudadana; y advierten de que “no haber contado con la FMM para debatir el nuevo modelo desvirtúa todo el proceso”.
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