La Confederación Nacional de Agrupaciones Políticas independientes (CAPI) luchará y pondrá en marcha una campaña en contra la implantación de la «Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local» del PP en el Gobierno de la Nación, que pretende desposeer a los ayuntamientos de competencias propias y fundamentales como servicios sociales, salud, empleo y educación que son claves como administración más cercana y eficaz para atender los problemas y necesidades del ciudadano con la falsa excusa de evitar duplicidades y ahorrar 8.000 millones de euros, a favor de las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas.

Al contrario que el Gobierno de la Nación, CAPI defiende el municipalismo y situar al ciudadano en el centro de la gestión, como las claves para sacar a España de la actual crisis económica, social y política. Igualmente, defiende que la participación ciudadana favorece la cohesión social y apuesta por dotar a los ayuntamientos de una mayor autonomía y de más recursos y competencias financiadas, con un reparto más justo y equitativo en las transferencias económicas de los presupuestos generales a las distintas administraciones públicas.
CAPI se opone frontalmente a la implantación de la «Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local» planteado por el PP en el Gobierno de la Nación (y apoyada por los nacionalistas vascos), que con la excusa de evitar duplicidades entre administraciones y racionalizar costes, realmente «esconde desposeer a los ayuntamientos de competencias propias», principalmente en materia de servicios sociales, salud, empleo y educación en favor de las comunidades autónomas y diputaciones autonómicas, y que «generará un desmantelamiento y degradación de los servicios públicos, aumentará la burocratización de los procesos, provocará una pérdida de los derechos adquiridos durante la democratización de las administraciones, generará marginación política, podrían peligrar la pérdida de más de 70.000 empleos, abrirá las puertas a la privatización de los servicios y atentará contra la gestión municipal del ciudadano y la participación ciudadana».

Para CAPI, la reforma de la administración local pretende hacer todo lo contrario a lo que, desde hace años, defienden los partidos independientes de ámbito local y regional integrantes de esta formación: el «municipalismo» y «situar al ciudadano en el centro de la gestión pública». Dos de los conceptos claves para solucionar la actual crisis económica, social y política actual. Como declara el presidente de la Confederación, Carlos Delgado, «si finalmente el proyecto de ley, que actualmente está en tramitación en el Senado, se aprueba como está previsto, hablaríamos de uno de los mayores ataques durante la democracia a la autonomía de los ayuntamientos, y sobre todo a los de los municipios más pequeños, de menos de 20.000 habitantes, que representan el 80% de las 8.117 localidades de toda España».

Dos años de plazo. El proyecto de ley fija como fecha límite el 31 de diciembre de 2015 para que las competencias locales pasen a ser titularidad de las comunidades o de las diputaciones. Desde el Gobierno se anuncia que con el traspaso de competencias en materia de salud, educación y servicios sociales, entre otros, se ahorren 8.000 millones de euros en dos años: restando 473 millones de euros de los presupuestos generales, 3.422 millones correspondientes a la supresión de servicios sociales en los ayuntamientos, 1.397 millones correspondientes a la eliminación de empresas públicas, 1.037 millones por la gestión «integrada» de servicios y fusiones…

Desde CAPI reivindican el papel de los ayuntamientos como administración más cercana y sensible al ciudadano, capaz de atender de manera más rápida y eficiente a sus demandas. Un hecho contrastado y más aún en estos tiempos de crisis donde la demanda de los servicios sociales ha aumentado en un 75% y la pobreza ha crecido en un 45%. Con la transferencia de competencias peligran no sólo miles de puestos de trabajo, sino la atención de más de 2,6 millones de beneficiarios de servicios sociales claves como la ayuda a domicilio, el apoyo a familias en riesgo de exclusión, la inserción social, los albergues, los comedores sociales, las residencias para mayores, los pisos tutelados, etc. Además, se generarán «ciudadanos de primera», que serán los que vivan en grandes ciudades, «de segunda» en municipios hasta 20.000 habitantes, y sobre todo, «de tercera», municipios de menos de 20.000 habitantes que perderán incluso competencias en materias esenciales como recogida y tratamiento de residuos, limpieza, agua potable, acceso a las poblaciones y pavimentación de vía. En general, se va a remarcar aún más la diferencia entre los ámbitos más urbanos y los rurales. Incluso la reforma pretende deslegitimar al pleno municipal, órgano de máxima representación política, permitiendo a las juntas de gobierno local aprobar presupuestos y planes de ajustes cuando se estén prorrogados. «Un atentado democrático en toda regla».

Para finalizar, Delgado apuntilla: «Queda claro que impulsar esta ley de reforma de la administración local es un error. Su excusa basada en terminar con las duplicidades y en ahorrar es una gran mentira del Gobierno del PP en la Nación. Los ayuntamientos son las administraciones que menos derrochan, su deuda apenas alcanza el 4% y cerraron sus cuentas con un superávit del 0,2% en el año 2012. Claro que creemos que es necesario la racionalización, pero precisamente en el sentido contrario. En CAPI creemos en la participación ciudadana y en la cohesión social, que la administración local necesita más recursos y competencias financiadas, un reparto más justo y equitativo frente a lo percibido por comunidades autónomas y diputaciones provinciales, así como una mayor autonomía. Sin embargo, la reforma de la administración local nos quiere convertir en apéndices inútiles, sin capacidad de maniobra y sin posibilidad de dar respuesta ni solución a los problemas de nuestros ciudadanos. Podremos todo nuestro esfuerzo y capacidad para informar en qué consiste realmente esta nueva ley y que salga a la luz».
*La Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes (CAPI) nació para representar esa tercera vía política nacional, transversal y reformista que se demanda en España. CAPI es la confederación de partidos independientes más importante. Integran la misma fuerzas de multitud de regiones (Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia, Canarias, Extremadura…). Aglutina a los principales partidos locales de España, sumando cerca de 75.000 votos en las elecciones municipales, cuarenta alcaldías y unos 450 concejales. Destacan ADEIZA de Zamora (con cerca de 100 ediles, incluida la capital y 12 alcaldías en la provincia), Independientes por Extremadura (IPEX), con 60 ediles y varias alcaldías, Unión del Pueblo Salmantino, con 70 concejales, el Partido Regionalista de Castilla y León (PrCAL), con 90 ediles, Compromiso por Gran Canaria con dos concejales en la capital canaria, Compromiso con Aragón (CCA), con 52 ediles o Unión por Leganés-ULEG, 4 ediles y el partido vecinal con mayor número de votos (12.409) en una localidad en toda España, cuyo presidente, Carlos Delgado, también lo es de CAPI.