La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional va a activar un plan de ayuda para los autónomos y empresas del sector de la hostelería afectados por la crisis del COVID-19, que facilitará créditos blandos de hasta 40.000 euros por beneficiario.

“Mientras estamos en este estado de alarma y nos vamos preparando desde el punto de vista sanitario, estamos teniendo reuniones con todos los sectores, y analizando reducciones de trabas burocráticas y trabajando en un plan con la hostelería madrileña”, ha explicado Díaz Ayuso durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Así, la Comunidad de Madrid aprobará una partida extraordinaria de 4 millones de euros, una inversión con la que se podrá habilitar a través de Avalmadrid aproximadamente un volumen crediticio, acordado previamente con las entidades financieras, de 44 millones de euros. La previsión es poder alcanzar hasta 1.466 microcréditos de una media de 30.000 euros.

El Ejecutivo autonómico aprovechará la ya existente línea de Turismo de Avalmadrid, a través de un convenio suscrito en 2018, y que además prevé como posibles beneficiarios a los establecimientos de restauración en zonas turísticas, como mecanismo real de liquidez inmediata.

LA HOSTELERÍA, SECTOR CLAVE EN LA REGIÓN

Los efectos de la crisis del coronavirus son especialmente preocupantes en el sector de la hostelería en la Comunidad de Madrid, “donde hay un total de 31.398 bares y restaurantes que emplea a más de 218.900 trabajadores”, ha detallado la presidenta del Gobierno regional, quien ha añadido que se estima que la aportación al PIB de la región está en torno al 7,2%.

Tras dos meses sin actividad, los planes de desescalada del Gobierno Central y sus limitaciones de aforo van directamente contra la cuenta de resultados de estos negocios, cuya estructura media suele ser de un autónomo que emplea a tres trabajadores.

A esto se le añade que habitualmente se encuentran con problemas para acceder a las líneas ICO o de Avalmadrid porque tienen una contabilidad precaria al tributar por módulos y porque sus necesidades de crédito son pequeñas (entre 20.000 y 50.000 euros), lo que hace que no sea rentable para las entidades bancarias, que suelen tener preadjudicadas las líneas de crédito a grandes clientes que copan rápidamente el dinero disponible.