El cierre de los centros educativos ha obligado a los equipos docentes a mantener la actividad académica a través de herramientas telemáticas (correo electrónico, videoconferencias, plataformas de teleformación…). Esta modalidad implica que tanto el profesorado como el alumnado disponen en casa de una buena conexión a internet, de dispositivos adecuados y de una familia con capacidad para acompañarle en las tareas escolares si es necesario.  Por otra parte, en esta situación resulta imposible que el profesorado mantenga el nivel de mismo nivel de  atención individualizada al alumnado con mayores dificultades. Las chicas y chicos que no disponen de alguno de esos recursos (ordenador, internet y acompañamiento) ven vulnerado su derecho a la educación y se ponen en riesgo de exclusión. Su necesidad de inclusión educativa queda insatisfecha. 

Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Bustarviejo, a iniciativa de la concejalía de asuntos sociales y educación ha impulsado un proyecto innovador y ambicioso que pretende evitar la exclusión del alumnado más vulnerable durante el tiempo que permanezcan cerrados los centros educativos.

En coordinación con los centros educativos y con servicios sociales se ha identificado al alumnado más vulnerable que no dispone de alguno de los tres recursos: datos, ordenador o apoyo educativo. A partir de ahí, a cada alumno o alumna se le presta el apoyo necesario: préstamo de ordenador portátil; ayuda económica para contratar o mejorar la conexión a internet; o apoyo escolar profesional individualizado on line.

El proyecto se ha financiado, por decisión unánime de todos los grupos de la corporación, con cargo al superávit del año anterior. Dada la situación excepcional, este año el gobierno central permite dedicar hasta en un 25% del superávit a políticas de asistencia social, entre ellas proyectos de inclusión.  La inversión total ronda los 17.000 €.

En palabras de Raúl San Juan, concejal de asuntos sociales y de educación, «la competencia en educación es de la Comunidad de Madrid, no de los ayuntamientos. Pero si la administración autonómica no pone en marcha medidas que garanticen el derecho a la educación, reconocido por nuestra constitución, a todo el alumnado, debemos poner en marcha recursos para que nadie se quede atrás».