La Comunidad de Madrid va a reforzar las medidas para erradicar el uso ilegal de cebos envenenados como método para dar muerte a los animales silvestres, una práctica prohibida por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y tipificada como delito en el Código Penal.
El Gobierno regional ha aprobado el Decreto por el que se aprueba el Plan de actuación contra el uso ilegal en el medio natural de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es erradicar el uso ilegal de cebos envenenados como procedimiento de control no selectivo de especies animales silvestres, algunas de ellas en peligro de extinción, con los potenciales riesgos para la salud pública que igualmente puede comportar.
El Plan cuenta con medidas de prevención para disuadir el uso de esta práctica, y aplicar procedimientos de actuación ante el aviso o hallazgo de fauna o cebos presuntamente envenenados; medidas de coordinación entre los actores involucrados en la lucha contra el uso ilegal del veneno en el medio natural, e incrementar la eficacia de las acciones para la persecución del delito en las vías administrativa y penal; y medidas de promoción para fomentar la formación y sensibilización entre los sectores implicados en la gestión del medio natural.
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid colaborarán con miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la vigilancia y localización de presencia de veneno.
Estas tareas de vigilancia por parte de agentes de la autoridad se llevarán a cabo en cualquier tipo de territorio, priorizando especialmente las zonas donde el riesgo de colocación de cebos envenenados pueda ser mayor, como terrenos
con antecedentes o sobre los que exista información fiable o sospechas fundadas de su utilización. También se incidirá en zonas con antecedentes de conflictos generados por la existencia de daños en áreas agrícolas y ganaderas a los intereses económicos de las personas.
ZONAS HABITUALES DE ESPECIES NECRÓFAGAS
También será prioritaria la vigilancia en áreas de especial importancia para la reproducción, alimentación o descanso de especies necrófagas como el águila imperial ibérica, águila perdicera, buitre negro, águila real, milano real, milano negro, lobo ibérico y avutarda. El impulso de esta medida se contextualiza en el marco de la política de conservación de fauna de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y refuerza otras acciones de conservación de especies protegidas aladas como el inminente Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica que, entre sus medidas, exige acciones preventivas en la línea de este Decreto.
El Plan aprobado por el Gobierno regional también establece el procedimiento de seguimiento y control de casos de envenenamiento y empleo de cebos envenenados, sistematizando el conjunto de acciones desde el momento en el que se localiza un cadáver de fauna silvestre hasta la iniciación de las diligencias en la vía penal.
A este respecto, cuando se tenga conocimiento del hallazgo de cebos o fauna presuntamente envenenada, se informará de los hechos a la Sección del SEPRONA de Madrid de la Guardia Civil, la cual lo comunicará al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid en caso de requerir su auxilio y colaboración, para propiciar la coordinación entre las unidades y evitar duplicidades.
Los resultados toxicológicos sobre presencia de veneno en las muestras analizadas, junto con la información recabada, serán remitidos a los juzgados o a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Sección del SEPRONA de Madrid.
La Comunidad impulsará actuaciones formativas para divulgar el contenido del Plan de actuación a distintos sectores sociales involucrados, como jueces y fiscales de medio ambiente, autoridades ambientales (agentes forestales y Guardia Civil, principalmente), técnicos de las administraciones y federaciones y representantes de los sectores agrarios y cinegéticos. Además, ha contado con el ofrecimiento de colaboración de las principales entidades de conservación.
Por último, se promoverá la capacitación adecuada del grupo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid para la persecución del uso ilegal de veneno, y la divulgación del número de teléfono de los técnicos de guardia y el teléfono de emergencias 112 para comunicar los casos de envenenamiento.