Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid se concentraron el 25 de abril frente a la sede de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Gestionados por la empresa pública TRAGSA, los trabajadores reclaman la negociación de un nuevo convenio colectivo —el actual data de 2008—, el fin de la temporalidad, el reconocimiento oficial de la categoría de bombero forestal y la implementación de medidas de protección ante la exposición a agentes cancerígenos. “La situación es insostenible”, señalan en un comunicado.

El colectivo recuerda que el dispositivo está compuesto por 300 profesionales durante todo el año, cifra que se amplía a 500 en verano, cuando aumenta el riesgo de incendios. A pesar de ello, denuncian la persistencia de condiciones laborales precarias, sueldos de 1.280 euros mensuales y contratos temporales que limitan la estabilidad del personal. Según datos de la propia Comunidad de Madrid, en la última década se han producido más de 1.500 incendios forestales, afectando a más de 20.000 hectáreas.

Los trabajadores acusan tanto a la Comunidad de Madrid como a TRAGSA de bloquear el diálogo. “No hemos recibido respuesta ni convocatoria oficial para una reunión”, afirman los portavoces de la agrupación sindical, que el pasado 9 de abril ya movilizaron a más de 300 efectivos frente a la sede de la empresa pública. «La Comunidad de Madrid también es cómplice de esta situación, ya que es la administración la que se encarga de gestionar este servicio».

Los bomberos afirman que en España, casi todas las comunidades tienen mejores condiciones. Solo hay una peor: Castilla y León. Pero Madrid les tiene sumidos en la precariedad más absoluta. Hay sueldos de 1.280 euros mensuales, solo 100 euros más que el salario mínimo interprofesional.

A pesar de ello, la peligrosidad no la tienen reconocida. El pasado año se aprobó una ley estatal (Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales) por la que a los bomberos forestales debían reconocerles la categoría, con lo que ello conllevaba: toxicidad y peligrosidad, entre otros. Aun así, asegura que en la Comunidad de Madrid todavía no se ha aplicado.

En este sentido, cuenta que no solo existen los peligros más inminentes a la hora de ejercer su trabajo, como los que pueden surgir durante un incendio, también se exponen a otros a largo plazo. «Estamos expuestos a un montón de sustancias tóxicas y cancerígenas. Y sí que hay una evaluación de riesgos en cuanto a toxicidad, pero no la hay de agentes cancerígenos. Estamos desprotegidos ante este riesgo que, además, es silencioso. Cada vez que tenemos una intervención o trabajos preventivos, que hacemos en invierno con quema de combustible, estamos comprando papeletas para tener un cáncer”.

Otro punto de sus demandas es la eliminación de la temporalidad en el dispositivo de extinción y prevención, ya que el dispositivo cuenta con 300 efectivos durante todo el año. Un número que se eleva a 500 en verano, ante el aumento del riesgo de incendios. «Ahora mismo, alrededor de un 40% de la plantilla solamente trabaja cuatro meses. Esta temporalidad hace muy difícil la continuidad de los profesionales que se dedican a este sector”.