La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se comprometió el lunes con los sindicatos firmantes del acuerdo (CC.OO., UGT, Satse y CSIT Unión Profesional) a subsanar «a la mayor brevedad posible» el “caos» producido en los primeros días  de puesta en marcha de los 80 centros de atención de 25 horas.; después de una pésima gestión de planificación por parte de la consejería dirigida por Enrique Ruiz Escudero, que no contó, con anterioridad con el personal sanitario necesario, y lo dejo todo a la voluntariedad de los profesionales, aunque eso supusiera jornadas superiores a las 16 horas diarias.

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados, señalaba los primeros días que del total de personal llamado el viernes, 58 profesionales entre médicos, enfermeros y celadores no han acudido al centro tras comunicar entre ayer y este viernes que se daban de baja por incapacidad temporal, por situaciones personales de distinta índole o por permisos solicitados por incidencias familiares. En algunos casos ha sido imposible contactar directamente con ellos.

Lo que no explicaba el viceconsejero es que a muchos de estos profesionales se les cambiaba de puesto de trabajo, a una distancia de más de 50 kilómetros, o se lo comunicaba case a medianoche, cuando estaban de guardia, para trasladarles a otros puestos. Se olvidaba este cargo de que esos médicos también tienen vida propia.

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados, y la directora de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Raquel Sampedro, mantuvieron un encuentro con las cuatro organizaciones con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad que firmaron el acuerdo (todas menos el sindicato médico Amyts, que ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo día 7 de noviembre). 

Donde la comisión de seguimiento del acuerdo ha denunciado «la problemática derivada de la precipitada apertura de los centros» con «graves problemas organizativos ocasionados por la ausencia de planificación previa y la comunicación a última hora a los profesionales» y «sin tener en cuenta los criterios existentes» para desplazamientos provisionales, «así como la planificación sin haber tenido en cuenta reducciones de jornada, permisos, cambios”. Lo que no han hecho de momento los sindicatos y la consejería es condenar el ataque a una medica de urgencia en Guadarrama, ni los insultos y ataques a profesionales que defienden sus derechos laborales.

En esta línea, según los sindicatos, la Administración realizará «a la mayor brevedad posible» un análisis de la actividad asistencial en los centros «para ajustar el número de profesionales necesarios y asegurar la calidad asistencial evitando, a su vez, la sobrecarga a los trabajadores, tal y como está recogido en el acuerdo».

Igualmente, según CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y Satse, la Consejería se asegurará de que los centros cuenten con profesionales de las tres categorías (celador, enfermera y médico) y, en caso de ausencia de médico ni enfermera, se compromete a no abrir sus puertas. De momento esto no se ha cumplido en los primeros días, ya que habido centros donde estaba sólo el médico (como en La Cabrera), pero le han obligado a seguir abiertos, en otros casos sólo había un celador.

Ambas partes continuarán con las reuniones de seguimiento para la negociación de la reordenación de los centros y de los recursos existentes, en base a un principio de acuerdo que establece un periodo transitorio de dos meses para evaluar y analizar el modelo definitivo de adscripción de trabajadores. A ello se sumará un análisis de datos de actividad asistencial para cada centro con el objetivo de determinar la cobertura necesaria de horarios, profesionales y plantillas.