CCOO muestra su total sorpresa por el anuncio institucional de que la Comunidad de Madrid ha dictado, en el sentido dictatorial de la palabra, la priorización de los contenidos, la atención a la diversidad o lo que deben valorar en mayor o en mayor medida los profesores y profesoras para aprobar a su alumnado, que es competencia exclusiva de cada docente. Pero si esto es sorprendente, todavía lo es más que la Comunidad de Madrid ordene el cumplimiento de la legalidad estatal y autonómica en materia de promoción y titulación, como si el profesorado, ordinariamente, no lo hiciera.

Este anuncio es totalmente impertinente, puesto que, de entrada, debemos tener en cuenta que, aunque siempre ha sido así, por primera vez en la historia jurídica española, en la Ley Orgánica de Educación de 2006 se encuentran recogidas las funciones del profesorado de todas las etapas y centros educativos, entre las que están, precisamente, las que la Comunidad de Madrid pretende usurpar, como la coordinación docente, la orientación del alumnado, la detección de sus necesidades, la programación y la impartición del currículo, la evaluación y, en fin, decidir si han superado la asignatura que imparten (91 LOE). 

Por otra parte, los requisitos en cuanto a promoción o titulación, en cuanto a asignaturas que deben superarse, no corresponde fijarlos ni a la Viceconsejería ni a la Comunidad de Madrid; ni siquiera al Ministerio de Educación ni al Gobierno nacional, puesto que siempre han estado establecidos mediante Ley Orgánica, que requiere la aprobación de las Cortes Generales (por mayoría absoluta del Congreso, además: 81 CE), y ni siquiera se pueden modificar mediante Real Decreto Ley (82 CE).

Corresponde al profesorado de los centros docentes aplicar el currículo y calificar al alumnado en cada asignatura; por tanto, decidir realmente sobre su promoción y, en su caso, titulación, todo ello teniendo en cuenta el contexto actual, la diversidad de situaciones y el futuro del alumnado, y en el ejercicio del derecho de la libertad de cátedra que asiste a todo docente, que es un derecho fundamental (20.1.c) CE).

Se trata de mandatos de rango constitucional y de ley orgánica de los que la Viceconsejería no se puede apartar; por tanto, este comunicado viene a dar cuenta de una especie de golpe de estado educativo.

Es el tiempo del profesorado. En estos momentos de crisis sin precedentes será más importante que nunca el ejercicio de sus competencias para adaptar a su alumnado, a cada circunstancia, los medios que sean posibles para continuar el proceso educativo, calificando en cada caso desde la especial consideración de lo que ha estado realmente al alcance de cada alumno o alumna y todas las circunstancias tanto generales como particulares.

El profesorado está desplegando un gran esfuerzo, entrega, cualificación, profesionalidad, generosidad y calidad humana en este tiempo histórico; todo ello pese a la nefasta gestión de este y anteriores gobiernos del Partido Popular. Gracias a su labor, ningún alumno, ninguna alumna quedará atrás en cuanto a sus expectativas en el presente curso ni en su progresión educativa en el curso que viene, en el que, ojalá, por fin, podamos fundirnos en un abrazo y luchar por un futuro de progreso.