La liberación de gran cantidad de ejemplares de truchas arco iris en las cabeceras de los ríos madrileños, sin ninguna autorización ni conocimiento de la Comunidad de Madrid, ha dado lugar a la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha presentado cuatro denuncias contra otros tantos gestores de los cotos de pesca consorciados por delitos contra la fauna, recogidos en el código penal.
Los hechos se remontan al primer semestre de 2016. Durante aquellos meses hasta 37 camiones cisterna se desplazaron hasta los tramos de cabecera de los ríos Lozoya, Guadarrama, Cofio y Manzanares para soltar miles de ejemplares de truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss) con destino a varios cotos de pesca intensiva gestionados por asociaciones privadas de pescadores.
La liberación de ejemplares de esta especie piscícola originaria de Norteamérica ha sido habitual desde hace años en la Comunidad de Madrid, hasta que en junio de 2016 se declaró en la Comunidad de Madrid especie invasora por sentencia del Tribunal Supremo, prohibiéndose entonces estas prácticas, incluso el transporte de ejemplares, por los riesgos ambientales que llevaba aparejados, entre otros la fuerte competencia con los escasos ejemplares autóctonos de trucha común.
La suelta de este gran número de ejemplares de peces alóctonos se llevaba a cabo en los llamados cotos de pesca intensivos o consorciados, situados en los tramos mejor conservados de las cabeceras de los ríos mencionados, la mayoría de ellos formando parte de espacios de la Red Natura y otras figuras de protección. Los cotos intensivos constituyen la principal oferta de actividad piscícola en la Comunidad de Madrid, mientras que en la mayoría de las regiones de España son marginales y ocupan tramos medios o bajos de los ríos, menos críticos para la conservación de especies vulnerables como la trucha común autóctona. El funcionamiento de estos cotos de pesca consiste en la compra periódica (semanal o quincenal) de truchas arco iris en piscifactorías comerciales, y su suelta en los ríos para ser pescadas por aficionados, previo pago de un permiso para extraer un cupo. Estas sueltas deben ser autorizadas por la administración ambiental y chequeadas para descartar enfermedades o cualquier otro problema.
Durante el primer semestre de 2016 se liberaron miles de esos ejemplares. Consultada la Consejería de Medio Ambiente respondió que no tenía conocimiento ni había autorizado ninguna suelta. Una situación extraña teniendo en cuenta que incluso participaron agentes forestales levantando acta de las sueltas. Desde entonces el Área de Conservación de Flora y Fauna -dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente- mantiene una actitud de rechazo a cualquier intento de aclarar los hechos y del grado de conocimiento que tenían las personas responsables de la gestión de la pesca.
Ante esa actitud opaca, para esclarecer lo sucedido, las organizaciones ecologistas ARBA, Asociación Ecologista del Jarama «El Soto», Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo se vieron obligadas a interponer denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, solicitando la investigación de los hechos. Ahora, la Fiscalía, después de meses de investigación, traslada la denuncia a cuatro juzgados de la región (dependiendo del lugar de los hechos) contra los gestores de los cotos de pesca de Manzanares el Real (río Manzanares); La Jarosa (embalse del mismo nombre); Santa María de la Alameda (río Cófio) y Molino de la Horcajada (río Lozoya), por presunto delito continuado contra la fauna, de acuerdo a los artículos 333 y 74.1 del Código Penal.
Las organizaciones ecologistas denunciantes consideran urgente y necesario poner fin a este modelo de explotación de los ríos madrileños, especialmente en sus tramos mejor conservados. La pesca y otras actividades intensivas deberían someterse a la prioridad de conservación del medio, poniendo en marcha urgentes medidas de recuperación de las escasas poblaciones de trucha común, así como otras elementales medidas que desde hace tiempo se vienen poniendo en marcha en otras Comunidades Autónomas, con el objetivo de proteger el medio fluvial, recuperar poblaciones de peces y garantizar finalmente una pesca de calidad, ajena a la introducción de peces comerciales exóticos.