José de Villamisar – Desde PEÑALABRA
Hace dos años que se celebraron en España elecciones generales. Estas elecciones, dieron un golpe a quienes querían la independencia de Cataluña. Los resultados ofrecieron una aplastante mayoría a las fuerzas que apostaban por la no independencia catalana, o sea, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que aunque su diferencia ideológica es abismal, en este tema parece que no había fisuras. «Todos en contra del Procés». Podemos, sin embargo nunca se pronunció abiertamente, ni a favor, ni en contra. Sí pero…
Dos años después, los separatistas tienen a sus principales líderes en la cárcel o fugados en el extranjero, pero siguen proclamando su independencia unilateralmente, y lejos de ser proscritos de cualquier acuerdo lograron un cambio en el Gobierno de España y con ello rompieron la unidad de los partidos hegemónicos, con respecto al «procés».
A primeros de junio Pedro Sánchez tomaba posesión de la Presidencia del Gobierno de España, después de la moción de censura al anterior Presidente, y apoyado entre otros por los independentistas catalanes. Hasta aquí, parece normal en cualquier Estado democrático, pero ahora vienen las consecuencias. Los independentistas han colocado a Sánchez en la Moncloa, digamos que se lo han alquilado, son sus «Caseros», y ahora quieren, cómo es lógico cobrar la «Renta» correspondiente.
A lo largo de todo este tiempo los socialistas van cambiando de opinión y salen en los medios de comunicación diciendo que los encarcelados por el «procés» debían de estar en la calle, el ministro Borrel en otra-hora azote de los «indepe» dijo que: Prefería que no estuvieran en prisión incondicional.
La Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, considera que si el juicio de los lideres independentistas se retrasa mucho, «no sería lógico alargar la prisión preventiva»
, y critica al Partido Popular y a Ciudadanos diciendo que están en las «barricadas» por su mal perder.
Sánchez, empieza a pagar el «alquiler», diciendo que no comparte que haya delito de rebelión en el caso del desafío secesionista y aplaude al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que desde la tribuna del Congreso calificó de «frivolidad» la calificación de rebelión o sedición a los independentistas.
Carmen Calvo, se apoyó en la decisión del Tribunal alemán, que en julio denegó la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión, como prueba de que ese delito requiere el uso de la fuerza.
La Delegada del Gobierno en Cataluña, también manifestó que en caso de ser condenados, sería partidaria de concederles el indulto.
En todo Estado de Derecho, existen tres Poderes, que son completamente independientes entre sí. En España actualmente y vistas todas estas declaraciones, se pone en duda, a mi juicio, esa independencia, el Poder Ejecutivo, indirectamente, está tratando de trazar el camino que debe seguir el Poder Judicial.
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