Francisco Cerdeño Isabel. Exconcejal Grupo Municipal IU Buitrago del Lozoya.
Para analizar la actual situación que atraviesa el sistema público de pensiones es necesario recordar los brutales ataques, recortes y pérdidas de derechos que ha sufrido el mismo con los gobiernos de PSOE y PP.
Año 1985 (Gobierno del PSOE). Se convoca una huelga general contra la reforma de las pensiones propuesta por el gobierno: se aumenta de 2 a 8 años el periodo de cómputo de la base reguladora, que determina la cuantía de la pensión de cada trabajador.
Año 2006 (Pacto de Toledo). Las pensiones, que dependían de los presupuestos generales del estado se pagan con las cotizaciones a la seguridad social. El periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora aumenta de nuevo, pasando de 8 a 15 años, se introducen los planes privados de pensiones y los planos privados de empresas. Ello supone un deterioro del servicio público de pensiones, al estar expuesto el mismo a las crisis del sistema capitalista, como ha quedado de manifiesto en la actual crisis. La voracidad del sistema financiero especulativo y los bancos ponen su mira en el desarrollo de estos planes privados, repitiendo una falsedad manifiesta: EL SISTEMA NO ES SOSTENIBLE.
Reforma 27/2011 (Gobierno Socialista). Aumenta la edad de jubilación de 65 a 67 años, el periodo de computo pasa de 15 a 25 años (se computan los últimos 300 meses, no los últimos 180 como anteriormente). Los años mínimos de cotización pasan de 35 a 38,5. El hachazo de esta reforma supone, según los expertos económicos, una proyección de pérdida económica, en torno al 20 % los próximos años.
Reforma 23/2013 (Gobierno del PP). Se introduce la revalorización de las pensiones un 0,25 anual y el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida, con una inflación incontrolada por el gobierno, en torno al 3 %, supone reducir el poder adquisitivo de los pensionistas de una forma inadmisible: Esta reforma significa, según los expertos, una proyección de pérdida de poder adquisitivo del 15 % independientemente de la inflación.
Las reformas laborales del bipartidismo conllevan unos salarios de miseria y, consiguientemente unas cotizaciones a la seguridad social insuficientes. Actualmente estamos en los mismos números de cotizantes del año 2011 y, sin embargo, se ingresan 4500 millones menos. Estas reformas y las políticas regresivas contra los pensionistas originan un déficit de 18000 millones, déficit que se ha intentado solucionar a través del saqueo continuo de la hucha de las pensiones por parte del gobierno del PP.
De nuevo los partidos del régimen del 78 dejan caer la necesidad de nuevas reformas, ya conocemos su significado: nuevos recortes, nuevas pérdidas de derechos, más paro, precariedad y miseria. Las actuales pensiones, escuálidas y asistenciales, donde el 55 % de los pensionistas cobran por debajo del salario mínimo interprofesional, donde la brecha las pensiones es del 37 %, donde 7 de cada 10 mujeres cobran menos del salario mínimo, donde el 34 % de las familias tienen como ingreso único una pensión y 13 millones de personas viven en el umbral de la pobreza, las políticas neoliberales, sustentadas por el tripartito PP, PSOE y Ciudadanos, pretenden dar una nueva vuelta de tuerca con la segunda edición del Pacto de Toledo.
Los pactos de los agentes sociales en las reformas anteriores, de 1996 y 2011, han supuesto un rechazo generalizado de la sociedad y el surgimiento de espacios (Mareas, Marchas de la Dignidad, Coordinadoras y Plataformas de Pensionistas), que han tomado el relevo de la movilización social.
El eje de conflicto social durante la actual legislatura, y en los próximos años, se va a desarrollar en el ámbito laboral y en la lucha por unas pensiones dignas.
La coordinadora en defensa del sistema público de pensiones surge como un instrumento necesario para hacer frente a las reformas, a los recortes y a la pérdida de derechos: su movilización durante el mes de Diciembre hacia el Congreso de los Diputados, en el mes de Febrero hacia los Parlamentos Autonómicos (donde se ha aprobado una propuesta no de ley que garantice el poder adquisitivo de las pensiones) y el 18 de Mayo hacia los Ayuntamientos, instando a los mismos a la aprobación de mociones en defensa de las pensiones públicas, combina la lucha en la calle y en las instituciones.