Una vez más, la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid nos ha sorprendido con declaraciones y advertencias que, en lugar de ayudar, obstaculizan y dificultan el trabajo de las Policías Locales para mantener la seguridad en los pueblos y ciudades de nuestra Región.
Hace algunos meses, la Delegación del Gobierno defendió –sin ninguna base jurídica-  la «incompetencia» de las Policías Locales para perseguir los delitos de odio. También desde hace meses, los representantes de la Delegación en las Juntas Locales de Seguridad vienen manifestando su oposición a los acuerdos entre municipios para desarrollar la prestación asociada del servicio de Policía Local, a pesar de que lo permite la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su disposición adicional quinta. Hace algunos días anunció su intención de impugnar el acuerdo de colaboración suscrito entre los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid, para trabajar conjuntamente contra la delincuencia en la Cañada Real.
Ahora, la Delegación del Gobierno se ha pronunciado contra los acuerdos de colaboración entre municipios, dirigidos a garantizar la seguridad ciudadana durante la celebración de fiestas patronales y otros eventos similares que reúnen a numeroso público y que requieren de operativos de seguridad muy superiores al número de policías locales existentes en cada uno de ellos.
Gracias a este tipo de acuerdos recíprocos, que están regulados en la Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid y que se vienen produciendo sin ningún conflicto y con total consenso institucional desde el año 1992, los agentes de pequeños municipios limítrofes trabajan conjuntamente en el término municipal donde se desarrollan los eventos, para atender eficazmente las necesidades de seguridad.
Además, estos pronunciamientos de la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid se están produciendo sin aportar soluciones a los municipios a través del incremento de los efectivos de la Guardia Civil, por lo que no está haciendo otra cosa que aplicar la política «del perro del hortelano».  En otras palabras, para salvaguardar los principios ideológicos ultracentralistas que hoy inspiran la acción institucional de la Delegación del Gobierno, se prefiere mermar la seguridad de las comunidades locales.
Para Unijepol-Comunidad de Madrid, los acuerdos de colaboración entre municipios se adecúan totalmente al ordenamiento jurídico vigente, como así se reconoce en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) 175/2010, de 5 de abril, relativa al acuerdo de colaboración entre los ayuntamientos de Villanueva del Pardillo y Boadilla del Monte. Además, no entendemos que ha cambiado para que, una situación que se ha venido produciendo durante decenas de años ahora se cuestione.
Estamos seriamente  preocupados por la política que viene desarrollando la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que parece más interesada en  «controlar» nuestro trabajo y generar conflictos entre las Policías del Estado y las Policías Locales, que en impulsar la colaboración policial para mejorar la seguridad de  nuestra Región. Lo cierto es que la coordinación y la colaboración policial en nuestra Región está pasando por uno de sus peores momentos.
Así mismo, nos preocupa el papel que en esta nueva orientación institucional de la Delegación del Gobierno tienen los dos máximos responsables de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que desprecian abiertamente la autonomía municipal, se permiten lanzar advertencias groseras a autoridades locales y han llegado a prohibir a los agentes de la Guardia Civil aceptar las condecoraciones que les han otorgado algunas Policías Locales de la Región.
Unijepol se dirigirá a la Comunidad de Madrid y a las diferentes fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid, para solicitarles una mayor implicación en la defensa de las normas autonómicas y la seguridad de los municipios de la Región. Y animan a los alcaldes a continuar con la política de colaboración entre Policías Locales que vienen desarrollando desde hace decenas de años con resultado fructífero para la seguridad de sus vecinos.
Por último, pedimos a la Federación Madrileña de Municipios –que parece una entidad ausente de un problema que afecta a numerosos vecinos de los pequeños municipios de la Comunidad de Madrid- su apoyo firme y explícito a los alcaldes y jefes de Policía Local que vienen sufriendo desde hace tiempo estas situaciones que son democráticamente intolerables.