Cristina Cifuentes proclamó el pasado 2 de mayo, como presidenta de la Comunidad de Madrid, tras la operación Lezo, que «el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin». Apenas dos semanas después las decisiones judiciales y la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), parecen darla la razón, aunque Cifuentes probablemente no esperaba que la UCO afirme en un escrito que, la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, fue «partícipe y conocedora «de un amaño en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid cuando formaba parte de Fundescam.
La Guardia Civil en un informe, incluido en el sumario de la trama Púnica, piden investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por prevaricación y cohecho.
Si finalmente, fuera citada como Investigada, Cristina Cifuentes, tendría que dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el código ético impulsada por ella misma.
Horas antes, el número dos de la consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, dirigida por Jaime Gonzalez Taboada, dimitía de su puesto como viceconsejero de Medio Ambiente. A Miguel Ángel Ruiz, era citado como investigado por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
Esta investigación está relacionada con la gestión de Arpegio. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado siete registros relacionados con la Punica, en esta ocasión vinculados con la pieza en la que investiga a la empresa pública de suelo Arpegio y el presunto desvío de fondos a través de licitaciones relacionadas con el Plan de Inversiones de Madrid (Prisma).
A estos casos, se suma recientemente la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por «un delito societario del artículo 295 del Código Penal» contra las arcas de Mercamadrid durante la época en la que fue concejal en el equipo de gobierno de la alcaldesa Ana Botella.
La iniciativa de la fiscalía se produce un año después de que el actual Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena le remitiera un informe en el que denunciaba malversación de caudales públicos en la adjudicación de unos terrenos en Mercamadrid. Una extraña operación en la que los gestores del mercado central de mayoristas, dependiente del Ayuntamiento de la capital, ceden unos terrenos municipales y, en lugar de cobrar por ello, acaba pagando 41.500 euros al mes al beneficiario, y así hasta 2032.