En el artículo de enero describíamos las conclusiones del informe sobre el Mercado de trabajo presentado el 18 de diciembre en la Uniposible por la Asamblea Popular del 15M de la Sierra Norte. Mencionábamos entonces que, además de analizar los datos y cifras aportados, la sesión se dedicó a debatir propuestas de intervención sobre esta realidad. En esta entrega nos centramos en qué podemos hacer ante la situación descrita porque estamos convencidos que, mediante la movilización ciudadana, se pueden cambiar las políticas sociales municipales, autonómicas y estatales.
Denunciar y reclamar cuando no se garanticen o se vean vulnerados nuestros derechos laborales y sociales.
El informe indica que en los últimos cinco años se ha triplicado el número de personas que llevan más de un año buscando trabajo y que casi la mitad de las personas en paro no perciben ninguna prestación; también que se ha triplicado el número de familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (R.M.I.). En este último caso, conviene indicar que la cuantía de la R.M.I. en la Comunidad de Madrid oscila entre un mínimo de 375 euros y un máximo de 532, cantidades de las más bajas de todo el Estado. Además, solo una quinta parte de las solicitudes presentadas son resueltas favorablemente y el período de tramitación suele alargarse hasta el medio año o más, incumpliendo la propia normativa de la Comunidad que fija el máximo de resolución en tres meses desde la entrada del expediente (Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de R.M.I. en la Comunidad de Madrid, artículo 20, apartado 3). Nos parecen situaciones gravísimas que requieren:
– Reclamar cuando se incumpla la Ley mencionada.
– Homogeneizar las cuantías de R.M.I. en todas las Comunidades Autónomas.
– Agilizar el proceso de concesión, el derecho al pago sin demora desde que se pruebe que los mínimos vitales no estén garantizados. Firmar convenios entre las Comunidades Autónomas para que los perceptores de R.M.I. sigan cobrando la ayuda si se trasladan de Comunidad Autónoma (actualmente el cambio de Comunidad de residencia conlleva dejar de percibir la prestación).
– Coordinar a los Servicios Sociales de Atención Social Primaria y las Oficinas de Empleo a fin de abordar conjuntamente los casos comunes.
– Garantizar la R.M.I. a toda persona en situación de pobreza y/o exclusión.
Otro tema importante es el transporte. El alto coste económico del transporte público es conocido y sufrido por todos los usuarios de la Sierra Norte que viajan en este medio. Este panorama se agrava cuando la situación laboral y familiar es precaria. Entre las medidas propuestas están:
– Abono Social para desempleados y personas sin recursos.
– Reducción del importe de las actuales tarifas. Se debe ampliar el abono joven hasta los 30 años y contemplar distintos tipos de tarifas en función de perfiles socioeconómicos como edad, situación laboral y familiar, y lugar de residencia.
Además:
– Reapertura de los Centros de Acceso Público a Internet (CAPI).

Proponer intervenciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
El deterioro del empleo, el aumento del paro y la disminución de recursos para la protección de las personas en riesgo de pobreza y exclusión afectan a la calidad de vida en diferentes aspectos (rentas, vivienda, salud, alimentación, educación…) y, por tanto, requieren políticas integrales. Algunas propuestas serían:
– Proponer a los ayuntamientos integrar a los colectivos migrantes excluidos por la crisis. Se trataría de ver sus cualidades y facilitar sus ingresos básicos, así como sus posibilidades de impartir cursos u otras colaboraciones.
– Crear un parque de viviendas sociales municipales para casos de emergencia habitacional y/o personas sin un mínimo vital de subsistencia.
– Desarrollar una protección social basada en unos servicios sociales públicos que promuevan el empoderamiento de las personas y no se reduzcan a la gestión de las prestaciones económicas.
– Aumentar el salario mínimo en, al menos, un 15% en la legislatura entrante.
– Reducir la brecha salarial de género (entre hombres y mujeres) mediante potentes controles contra la discriminación.
– Reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión infantil hasta el 15%, previniendo el desempleo juvenil y la baja cualificación. Esto implica reducir el abandono prematuro de los estudios al acabar la edad escolar obligatoria del actual 21,9% al 10%.
– Mejorar el sistema de garantía juvenil y ampliar los recursos formativos adaptados, para dar especial cabida a los jóvenes que viven en entornos sociales vulnerables.
– Establecer un sistema de prestaciones por hijo/a a cargo, financiado por la Seguridad Social, dirigido a familias con hijo/as menores de edad en riesgo de pobreza y exclusión.

Crear e impulsar el tejido cooperativo, las redes de apoyo mutuo y colaborar con colectivos que ya están funcionando en la comarca.
Pueden contactar con nosotr@s enviando un correo a sierra.norte15m@openmailbox.org