La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Zona Norte quiere poner de manifiesto la grave situación de la atención sanitaria urgente en el Hospital «Infanta Sofía» de San Sebastián de los Reyes.
Con este comunicado, nos sumamos a las protestas ciudadanas y denuncias de movimientos sindicales y profesionales que ponen de relieve la situación tercermundista de la atención sanitaria urgente en este centro: precaria, deficiente, deshumanizada y carente de los principios de calidad y seguridad que deben garantizarse a los ciudadanos que frágiles y enfermos acuden a este servicio.
Las posibilidades de eventos críticos graves por los retrasos en la atención y la sobrecarga de trabajo del personal abnegado de Urgencias, convierten directamente en responsables de riesgos graves para la salud, a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y a los cargos técnicos (Dirección Gerencia, Dirección Médica y Dirección Enfermería) del Hospital de Sanse.
Su incompetencia para presupuestar, dotar de medios y recursos humanos adecuados este hospital, convierte a la puerta de Urgencias en el perfecto escaparate de una gestión fraudulenta para la ciudadanía.
Ante los niveles de contaminación alcanzados tóxicos para la salud, sin que se tomen decisiones políticas de alcance, junto con la mayor incidencia de casos de gripe y el consiguiente repunte de las reagudizaciones enfermedades respiratorias de estas fechas, nos llevan a la coyuntura perfecta para la situación de colapso y grave riesgo para la ciudadanía.
Todo ello tras ver, en los últimos años, como nuestro derecho constitucional a la salud ha sido pisoteado, con la excusa de la crisis económica, por un conglomerado de intereses ajenos a la búsqueda del bienestar individual y común a todos nosotros.
El lucro, la ambición económica, las puertas giratorias entre la política de todos los signos y el mundo de la banca privada, la construcción, aseguradoras sanitarias, empresas privadas biosanitarias, laboratorios y empresas farmacéuticas; en todo su conjunto, han abonado un terreno y marco normativo (Ley 15/97 y sus aplicaciones autonómicas, modificación artículo 135 Constitución española verano 2011, RDL 16/2012) ideal para que, paulatinamente, en lugar de enriquecer un sistema publico 100%, solidario y redistributivo que favorezca a los más frágiles (sufragado por todos nosotros), el sistema vaya transformándose en una herramienta meramente caritativa que no garantiza este derecho primordial a cuidar por la salud.
«Nuestro» hospital cuesta a los madrileños 18 millones de canon anual que se le paga a Acciona, empresa constructora propietaria y concesionaria, que durante los 30 años de concesión habrá recibido del erario público la módica cantidad de 520 millones de euros, frente a los 114 millones de euros que hubiera costado sin una titularidad y propiedad privadas. Su apertura con un año de retraso (2008), tras la finalización de su construcción, supuso el pago del canon de 18 millones de euros a Acciona por el año 2007, a pesar de no haberse prestado servicios sanitarios.
La cuarta torre del hospital, tras más de siete años, de su apertura y a pesar de las necesidades de salud denunciadas, continúa sin dotarse y abrirse para dar servicio a la población.
Recortes y más recortes económicos, junto con el desmantelamiento de la Atención Primaria, de las políticas sanitarias de Prevención y Salud Pública, junto con el ninguneo a profesionales y ciudadanos, han puesto al sistema contra las cuerdas de la corrupción, el endeudamiento y el fin de garantías sanitarias para todos nosotros.
En base a todo esto, seguimos animando a diseñar acciones y estrategias de lucha e información ciudadanas frente al desmantelamiento de la atención a un derecho humano básico, garante de la dignidad de cualquier individuo: la salud.