Ecologistas en Acción
El convenio de colaboración financiera firmado entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y las comunidades de Madrid y Castilla y León para la Sierra de Guadarrama destina el 61% del importe a actuaciones de uso público y sólo el 10% a medidas de conservación. Se trata de otro paso más, según Ecologistas en Acción, para consolidar un espacio protegido como lugar de ocio y turismo, alejándose del objetivo principal que es la protección. Esta vocación de parque temático se reforzará con la aprobación de la nueva Ley de Parques Nacionales.
Recientemente se publicó en el Boletín Oficial del Estado el convenio de colaboración financiera, firmado entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) -dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- y las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León. Este convenio tiene como objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, aunque en realidad se aleja bastante de ellos.
El OAPN se compromete a aportar 5.243.092,50 euros en el período 2014 a 2016 para financiar inversiones, suministros y prestación de servicios en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Por su parte, las comunidades de Madrid y Castilla y León, contraen la obligación de elaborar los proyectos de obra y demás trámites necesarios (evaluación ambiental, etc).
Según el anexo del convenio, el importe de 5.243.092,50 euros, se divide en cuantías por conceptos diversos. De estas, la mayoritaria es la destinada a actuaciones de uso público que asciende a 3.204.282,59 euros, lo que supone el 61% del total. Las mayores partidas, dentro de esta actuación corresponden a proyectos de nueva creación y mejora de infraestructuras de uso público (áreas recreativas, sendas, aparcamientos, etc). Hay que tener en cuenta que la Sierra soporta un exceso de carga de visitantes y lo que necesita es gestionar y regular el uso público, no fomentarlo con inversiones sobredimensionadas y actuaciones como las previstas en el puerto de Navafría.
Muy alejadas de las cifras dedicadas al uso público, se sitúan las actuaciones destinadas a restauración de hábitats, con un monto de 971.058 euros, el 18,5%. Dentro de esta partida la mayoría del presupuesto se destina a tratamientos selvícolas (trabajos en masas forestales existentes) y repoblaciones. La mayor parte de la superficie forestal del parque nacional son pinares artificiales procedentes de repoblación y, por tanto, requieren de elevada inversión y constante intervención humana. Esta situación contraviene la Ley de Parques Nacionales pero se obvió cuando se delimitó el espacio protegido.
En tercer lugar y con tan sólo 539.681,94 euros, el 10,3% del importe total, se encuentran las actuaciones de conservación. Pero dentro de esta partida, lo que se lleva mayor presupuesto son las medidas de control de poblaciones de fauna, es decir, la caza y captura en vivo de la cabra montés, con un total de 250.000 euros que supone más del 46% del importe destinado a conservación. Es decir las medidas destinadas a conservación, descontando el importe previsto para la caza de la cabra, se reduce a 289.681,94 euros, el 5,5% del total.
Con importes menores se sitúan el resto de actuaciones, entre las que destaca las de  planificación que incluye la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión con 428.299,97 euros (8,2%), suministros con 69.770 euros (1,3%) o formación con 30.000 euros (0,57%).
A juicio de Ecologistas en Acción la distribución del presupuesto en el convenio de colaboración financiera, consolida la Sierra de Guadarrama como un lugar de ocio y recreo alejándola del principal objetivo de un parque nacional que es la conservación. Esta conservación resulta incompatible con el modelo de atracción de masas desarrollado hasta el momento y que se reforzará cuando se apruebe la nueva ley de parques nacionales que se encuentra en el Senado.