PSM
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid junto a los Grupos Parlamentarios de IU y UPyD instó durante el Pleno en el Parlamento regional, al Gobierno del PP de Ignacio González a interponer un recurso de inconstitucionalidad a la denominada Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ante el Tribunal Constitucional.
«Recurrimos al Tribunal Constitucional porque queremos defender los derechos de los ciudadanos, tal como ha ocurrido con su decisión de aplicar el euro por receta, la privatización sanitaria o cuando se ha coartado la libertad de expresión a una diputada en esta asamblea, la compañera Maru Menendez. En cambio, el PP acude al Tribunal Constitucional para restringir los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, como ha ocurrido contra la ley que regula el matrimonio homosexual o contra la ley actual de interrupción voluntaria del embarazo» ha manifestado el diputado socialista José Luis García Sánchez, quien ha sido el encargado, en nombre del Grupo Socialista, de defender esta petición a través de una Proposición No de Ley (PNL).
Y es que, para la oposición, esta ley significa no solamente un recorte en democracia, sino además un «salto atrás de 35 años», ya que lesiona la garantía constitucional de autonomía local, va en contra de los intereses municipales y sobre todo en perjuicio de los ciudadanos, al quitar competencias a los ayuntamientos, sobre todo a los de menos de 20.000 habitantes, cuyos servicios obligatorios pasarán a depender, en el caso de Madrid, del Gobierno regional.
En este sentido, García Sánchez ha señalado que lo que pretende el PP con esta ley es «lo mismo que ha pretendido en Alcorcón», que aquellos servicios que ahora prestan los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con sus medios propios los presten las Comunidades Autónomas Uniprovinciales o las Diputaciones, «a través de un proceso de privatización».
«Con esta nueva ley, habrá dos tipos de ayuntamientos, el que puede ejercer sus servicios cómo decidan sus ciudadanos y todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que estarán bajo el manto protector de la Comunidad de Madrid» ha proseguido el socialista para a continuación señalar que si esta ley es tan positiva, tal y como dicen los populares, preguntar por qué no ha entrado plenamente en vigor y han propuesto la mayoría de los asuntos complicados para después de las próximas elecciones municipales y autonómicas.
«Si es tan positivo, que los servicios sociales sean asumidos por las Comunidades Autónomas Uniprovinciales, por qué lo dejan para el 31 de diciembre del 2015. ¿Qué va a ocurrir a partir de esa fecha? Qué muchos ciudadanos se quedarán sin ayuda a domicilio, sin tele asistencia, sin programas de lucha contra la violencia de género, porque aunque exista voluntad política de llevarlos a cabo, la nueva espada de Damocles, el espía de Montoro, pondrá reparos a esos gastos que quiere acometer el ayuntamiento porque es competencia de la Comunidad Autónoma» ha aclarado.
En conclusión, la oposición quiere recurrir esta ley por considerarla «tramposa», ya que «no va a mejorar la vida de los ciudadanos», ni va a suponer el ahorro pretendido, puesto que el ahorro de los 7.129 millones de euros sólo se producirán destruyendo miles de empleos y suprimiendo multitud de servicios que tienen en la actualidad los ayuntamientos.
Finalmente, García Sánchez ha pedido al PP que reflexione y vote a favor de esta PNL presentada por toda la oposición para decirle al Gobierno de Rajoy que «confiamos en los ayuntamientos y en la democracia municipal que tanto bienestar ha dado a millones de ciudadanos de cualquier rincón de España» ha concluido.