En las últimas elecciones municipales, un grupo de vecinos de Horcajuelo nos constituimos en Agrupación para presentarnos como alternativa para la gestión del municipio, con el resultado de 2 concejales del PP y 1 de AGRI.
Para ejercer nuestra legítima labor de oposición, hemos solicitado en numerosas ocasiones la distinta documentación que consideramos oportuna, tanto en plenos como por escrito, sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento, el cual, no sólo no contesta sino que no nos deja consultar dicha documentación. Sirvan de ejemplo las siguientes:
1. Expedientes de obras ejecutadas y pendientes de contratación.
2. Contratos de personal laboral
3. Certificados de acuerdos plenarios
4. Acta de los plenos celebrados hasta la fecha, y sin firmar
5. Autorización para la consulta y examen del libro de Decretos de la Alcaldía…
En los plenos se nos responde con evasivas y dándonos largas.
Debido al ocultismo que Doña Lucia Fernández y Rufino Fernández mantienen, al no informar ni contestar a todas estas cuestiones, ellos, adoptan unilateralmente importantes decisiones para el municipio. Como, también, queremos dejar latente, en materia de contratación laboral. Donde se han pasado por alto los procedimientos legalmente establecidos y, rigiéndose por criterios puramente particulares, han caído fuera de todo amparo legal.
Más concretamente, la Alcaldesa, Doña Lucia Fernández, adopta resoluciones administrativas contrarias a la Ley y el Derecho, creando y generando beneficios propios de sus familiares directos o personas o empresas con relación contraactual en la localidad, a la vez que causan perjuicio, con conocimiento del mismo, a terceras personas, al no dar opción a trabajadores con cargas familiares en paro en el municipio, incluidos como demandantes de empleo.
Dejando claro que las contrataciones guardan relación directa con los representantes municipales, tanto de amistad como familiares, pues son contratados: como peón, un primo de la Alcaldesa, a la vez, hermano del teniente alcalde; y una guía municipal, sin cargas familiares y con intereses urbanísticos en el municipio.
Trascurridos más de dos años decidimos poner en conocimiento de la Fiscalía de Madrid los hechos. Y Fiscalía se pone en contacto con nosotros para comunicarnos lo siguiente:
Reconoce las irregularidades cometidas por el ayuntamiento, pero, cree, que no existe la suficiente jurisprudencia para poder plantear una denuncia por prevaricación o tráfico de influencias.
Nosotros, por nuestra parte, consideramos que Fiscalía cae en una contradicción ya que reconoce dichas irregularidades pero no actua sobre ellas.
Ante la incertidumbre que nos crea la Fiscalía de Madrid, queremos hacer constar públicamente, que nosotros seguiremos ejerciendo nuestros derechos legales, amparados por la Constitución y por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, entre otras, para exigir el cumplimiento de la Ley y continuaremos denunciando cualquier hecho irregular, tanto por la vía jurídica, como administrativa y medios de comunicación.

DON CESAR FAJARDO HERAS, Concejal del Ayuntamiento de Horcajuelo de la Sierra.