El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó una nueva medida dirigida solo a los desempleados que reciben prestaciones o subsidios y que excluye a quienes más lo necesitan por llevar más tiempo en paro y por no contar con ayudas. Y lo harán para hacer trabajos temporales de colaboración social, que permite a los Ayuntamientos solicitar hasta 100 desempleados para «obras y servicios de interés general». Son empleos de un máximo de seis meses que no tienen la consideración de trabajos por cuenta ajena, ya que el desempleado está obligado a desempeñar esta labor, por un máximo de ocho horas incluida formación (un mínimo de 10 horas al mes) y orientación (ocho), pero no será contratado ni dado de alta en la Seguridad Social, aunque percibirá una renta que complementa su prestación.
Los empleos van desde rehabilitación de viviendas, vigilancia, reparación de calles, aceras y alumbrado, transportes públicos, gestión de residuos, prevención de incendios, actividades de ocio y cultura, turismo…  Esta propuesta se basa en un real decreto de 1982. La novedad es que Madrid lo ha regulado con un decreto regional «para facilitar su aplicación», al tiempo que pone encima de la mesa 15 millones de euros en ayudas económicas a los municipios que quieran sumarse al programa, que deberán presentar un proyecto detallado.
Es la segunda medida que prima a un sector concreto de los parados y que perjudica a los parados que no cobran prestaciones o no tienen la edad adecuada. La anterior medida del Gobierno regional fue priorizar a los que sí cobran ayudas a la hora de ofrecerles los puestos de trabajo que lleguen a las oficinas regionales. Tanto los sindicatos como la propia patronal rechazan esa práctica.
Los sindicato temen que se cubran puestos estructurales, o puestos de trabajadores que los ayuntamientos hayan despedido en los últimos meses. Además consideran que la formación es escasa, y que el horario impedirá una búsqueda activa de empleo.
En algunos ayuntamientos, sobre en todo en los más pequeños, temen que puedan provocar problemas entre parados y ayuntamientos; por un trabajo que no suma prestaciones, pero te quita del paro.

Sobre el nuevo decreto, CC OO denuncia es una discriminación más y, aunque reconoce que este tipo de programas no es nuevo, afirma que no se hacía «desde hace muchísimos años», según explica la responsable de Empleo del sindicato, Mari Cruz Elvira, informa Lara Otero. Además de la escasa formación que se ofrece a estas personas (60 horas en seis meses), Elvira entiende que se pueden cubrir puestos estructurales de los ayuntamientos poniendo en grave riesgo la estabilidad del empleo, ya que la orden permite solicitar hasta 100 personas por municipio. Recurrir a estos desempleados resultará más barato que contratar, ya que la Comunidad sufraga solo la diferencia entre la prestación que reciban y el sueldo normal del puesto de trabajo.
Isabel Vilabella, secretaria de relaciones laborales y formación de UGT, también tilda la medida de «absolutamente rechazable». «Volvemos a dar empleo a los que cobran una prestación y se deja atrás a los que no la tienen», critica. A su juicio, «genera muchos problemas», la principal es que el desempleado «no podrá buscar empleo porque estará trabajando ocho horas diarias». Además, también cree que existe el claro peligro de que «se ocupen puestos de trabajo estructurales». «Pensemos sobre todo en las campañas eventuales como las piscinas en verano. Esos puestos se dejarán de ocupar en los Ayuntamientos», añade.
UGT recuerda que «recientemente muchos Ayuntamientos han hecho expedientes de regulación de empleo en los que han despedido a personal propio que en algunos casos estaba allí por oposición. Esos puestos se van a poder sustituir con desempleados». Vilabella aclara que, «mientras estén trabajando, los desempleados consumirán su prestación. De hecho, su salario será su propia prestación». «Los Ayuntamientos recibirán 500 euros mensuales por cada parado que contraten para pagar la seguridad social y cinco euros por cada hora de formación que se imparta. Y hay que cumplir los requisitos de 10 horas al mes», explica.
Frente a estas críticas, la Consejería de Empleo responde que estos programas de colaboración social se realizan en otras comunidades como Andalucía y Cataluña y en el propio Madrid, la lista de consistorios que ya venían haciéndolo es «larga y de todos los signos políticos, desde Galapagar a Móstoles pasando por Aranjuez». Según empleo, muchos consistorios tienen hasta listas de espera porque no dan a abasto a cubrir estos puestos.
La consejera, Ana Isabel Mariño, ha defendido esta mañana la medida y ha hecho hincapié en que se basa en un decreto aprobado por «un Gobierno de izquierdas», informa Europa Press. Mariño ha apuntado que «no alcanza a entender» por qué estos planes levantan tanta controversia. «Hasta ahora nadie lo ha criticado y no entiendo cómo los sindicatos, si es verdad que trabajan a favor de los desempleados, se oponen que haya programas de recualificación porque el objetivo de la Comunidad es que los desempleados trabajen, los que cobran y los que no cobran prestación. Y de ese objetivo, pese a quien pese, no me van a apear», ha apostillado.
En contra de las críticas de los sindicatos, la consejera de Empleo ha afirmado que este programa dará suficientes horas de formación porque «la mejor formación, a parte de la cualificación formativa directa, es la práctica». «Los desempleados no pueden, de alguna manera, anquilosarse. Necesitan seguir practicando y seguir haciendo experiencia. Y en ese caso les damos experiencia complementada con formación, la suficiente. Y la mejor forma de recuperar la cualificación en estos casos es volver a trabajar», ha indicado.
La consejera ha explicado que las corporaciones tendrán demostrar el interés social de la colaboración que piden a la Comunidad, presentarle sus proyectos y  detallar cuántos empleados necesitan. El plazo para presentar los planes es de un mes. Tras el visto bueno de Empleo, las oficinas de empleo enviarán un número determinado de parados de acuerdo con el perfil de trabajo y recualificación requerido. Los consistorios harán otra selección para ver si encajan en los requerimientos. Mariño ha destacado que va a priorizar las necesidades de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes para potenciar los programas de dinamización turística y cultural.