Las concesionarias que gestionarán los seis hospitales, con sus ocho centros de especialidades asociados, que externalizará la Comunidad de Madrid tendrán que asumir todo el personal sanitario que presta sus servicios para estos hospitales (alrededor de 5.200). De esta forma, se garantizarán los puestos de trabajo de los profesionales sanitarios de los Hospitales Infanta Cristina (Parla), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Hospital del Henares (Coslada), del Tajo (Aranjuez) y del Sureste (Arganda), según la Comunidad.
En concreto, el personal estatutario con plaza fija podrá elegir entre quedarse en el mismo hospital pagándole el Servicio Madrileño de Salud -el importe del salario de estos trabajadores se descontará a la concesionaria-, pedir una excedencia e integrarse en la plantilla de la concesionaria pasando a una situación de excedencia especial que le permite el reingreso en cualquier momento, o solicitar su traslado a otro hospital de la Comunidad de Madrid. El personal laboral de las empresas públicas podrá integrarse en la concesionaria manteniendo las condiciones retributivas y laborales actuales. Para el personal interino y eventual que así lo desee, se establece la obligación de que sean contratados por la sociedad concesionaria.
La Consejería entregó el borrador de los pliegos que ha conocido el Consejo de Gobierno a los profesionales de los hospitales afectados y recibirá sus observaciones. Igualmente, en los próximos días se sentará con las organizaciones sindicales, colegios profesionales, entidades y profesionales, según explicó el consejero de Sanidad, Javier Fernández- Lasquetty.
Máximo, tres hospitales
En lo referente al concurso, los pliegos que aprobará en los próximos días la Comunidad establecerán que una misma concesionaria sólo podrá gestionar como máximo tres hospitales y sus centros de especialidades asociados, con una vigencia de 10 años. Para ello, los hospitales se dividirán en cinco grupos, uno por cada hospital excepto el del Tajo que por su menor tamaño concurrirá junto al Infanta Cristina.
Los licitadores, que tendrán que acreditar una experiencia de cuatro años de gestión sanitaria, podrán presentar oferta a uno, a varios o a la totalidad de los cinco grupos de hospitales, expresando el orden de sus preferencias, aunque sólo podrán salir adjudicatarias como máximo en dos de ellos. En la práctica, esto significa que un mismo grupo podrá gestionar como máximo tres hospitales sólo en el caso de que ganara el concurso del lote en el que va unido el hospital Infanta Cristina y el del Tajo, y alguno de los otros cuatro restantes.
Oferta técnica equiparada a la económica
En el documento de pliegos de la Consejería de Sanidad para la «contratación de la gestión por concesión del servicio público de la Atención sanitaria especializada» de esos seis hospitales, de más de un centenar de páginas, se fija que la oferta técnica tendrá el mismo peso que la económica, garantizando así la máxima calidad asistencial en estos centros externalizados.
Así, las ofertas de las adjudicatarias se valorarán sobre 1.000 puntos (500 técnica + 500 económica). En la técnica, la Comunidad primará la presentación de un plan asistencial y de gestión sanitaria, así como la inclusión de personal sanitario en el accionariado de la sociedad con el objetivo de implicar a los profesionales que trabajan en los hospitales en la gestión de los centros.
La cápita, que es el precio que abona anualmente la Administración a la concesionaria por cada habitante, oscilará entre los 473 y los 518 euros en función de una serie de parámetros, vinculados fundamentalmente al tamaño de cada uno de los cinco grupos en que se licitarán los seis hospitales que se van a externalizar.
Así, la cápita del hospital del Sureste será de 473 euros; la del Infanta Sofía, 486; el grupo hospital del Tajo con el Infanta Cristina (Parla), 492; la del Infanta Leonor de Vallecas, 518, y, finalmente, el Hospital del Henares en Coslada, 512. La cápita media es, por tanto, de 496 euros. Además, la sociedad concesionaria abonará a la Comunidad de Madrid un canon anual por el arrendamiento y uso de las infraestructuras puestas a su disposición, incluyendo los centros de especialidades.
La cápita engloba todas las prestaciones de la atención especializada del Sistema Nacional de Salud, con la excepción de los trasplantes y algunos servicios accesorios. Como la población de Madrid puede ejercer la libre elección, cuando un paciente del ámbito de influencia del hospital concesionado sea tratado en otro hospital de la red pública, la sociedad concesionaria abonará a la Comunidad de Madrid el 100% del coste del proceso. Si ocurre lo contrario, la adjudicataria recibirá el 90% del coste, recogido en la orden de precios públicos.
Garantía de calidad
La Comunidad de Madrid someterá a las concesionarias a un control exhaustivo para garantizar la mayor calidad asistencial en estos seis hospitales externalizados. Para ello, los pliegos de condiciones recogen una serie de medidas como la creación de una Comisión Mixta de seguimiento entre la Consejería y la gestora; la puesta en marcha de la figura de Director General de Seguimiento y Control de los centros sanitarios de gestión indirecta, que tendrá a su cargo a representantes de la administración que estarán en cada uno de los hospitales de gestión indirecta, y la obligación de que estos centros hospitalarios presenten planes de calidad anualmente.
Del mismo modo, se realizarán auditorías para comprobar que se están cumpliendo los indicadores marcados de calidad asistencial y de seguridad del paciente fijados por la Administración. Algunos de sus indicadores serán los referidos a mortalidad, reingresos e infecciones hospitalarias.
La Consejería de Sanidad también establecerá indicadores específicos que podrán ser revisados y modificados por la Administración cada dos años y para verificar que todo transcurre con normalidad, la Administración realizará con carácter anual auditorías de calidad y actividad.
El incumplimiento de sus obligaciones o los defectos en la calidad de la asistencia sanitaria daría lugar a los correspondientes descuentos o sanciones, que en los casos más graves podrían llegar a la rescisión del contrato.
Red pública
Los pliegos incidirán, además, en que los seis hospitales externalizados seguirán perteneciendo a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, como ya ocurre con los centros hospitalarios de Valdemoro, Móstoles y Torrejón. De forma que cualquier madrileño podrá acogerse a la libre elección de médico para ser tratado en estos hospitales con sólo presentar la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid. No podrán atender a pacientes privados.
Además, seguirán contando con la misma cartera de servicios que tienen actualmente. En el caso que quisieran ampliarla, la concesionaria necesitará una autorización expresa del Servicio Madrileño de Salud, que evaluará la petición a través de una comisión formada por el director general de hospitales de la Comunidad de Madrid, dos jefes de servicio de la especialidad afectada y dos representantes de las sociedades científicas.
En relación al servicio de urgencias, también se obliga a la concesionaria a mantener las especialidades actuales.
Estos seis hospitales seguirán aplicando los mismos planes que desarrolla con carácter general la Consejería de Sanidad y deberán asegurar la protección de datos personales de los pacientes.
Hospitales universitarios
Del mismo modo, estos seis hospitales seguirán siendo Universitarios, por lo que la empresa deberá mantener y promover las condiciones necesarias para que el hospital siga contando con actividades de grado y postgrado. Además, velará para que se continúen realizando actividades en materia de formación e investigación.
La concesionaria deberá establecer una comunicación fluida con los profesionales de Atención Primaria para que los pacientes no se vean afectados a la hora de derivarles al especialista para consultas o pruebas diagnósticas.
Todos los hospitales también tendrán que trabajar con los mismos sistemas informáticos, que garanticen la integración y compatibilidad para que puedan seguir trabajando en red y se continúe con la historia clínica digital, accesible desde toda la red pública. Igualmente, las entidades adjudicatarias asumirán el coste de los seguros correspondientes para la asistencia sanitaria y mantenerlos vigentes hasta que finalice su gestión.
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