Los socialistas han presentado un recurso en el Tribunal Constitucional para frenar el plan de privatización de la sanidad puesto en marcha por el Gobierno del PP con el afán de hacer negocio, un recurso con el que tratan de impedir el «apartheid sanitario», tal y como afirmó el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez. «Se puede y lo vamos a conseguir», aseguró Gómez, que ponía como ejemplo lo ocurrido en Castilla-La Mancha, donde María Dolores de Cospedal ha tenido que dar marcha atrás y derogar la orden del cierre de urgencias.
Gómez aseguró que es un honor poder presentar este recurso en el Constitucional, que nació de una iniciativa de los profesionales médicos en la Comunidad de Madrid, que han costeado de su bolsillo un informe jurídico que ha servido como soporte para la interposición de este recurso contra la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2013, que establece en sus artículos 62 y 63 la Reordenación de la Asistencia sanitaria en los Hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo y la modificación parcial de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
«Estamos orgullos y muy honrados de ser un instrumento no sólo de los médicos, sino de la inmensa mayoría de la sociedad madrileña que quiere paralizar la privatización y, por lo tanto, el desmantelamiento de la sanidad pública», dijo Gómez, que presentó el recurso junto a los senadores Maru Menéndez, Enrique Cascallana; el secretario general del Grupo Socialista del Senado, José Miguel Camacho, y los portavoces del PSOE de Sanidad en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, y en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire.
La vulneración de los artículos 9.3 (principio de legalidad), 14 (principio de igualdad), 41 (régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos), 43 (protección de la salud), 149.1.17 (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social), 149.1.18 (régimen jurídico de las Administraciones Públicas) son los principales motivos del recurso de inconstitucionalidad que se concretan en el establecimiento mediante la Ley de Acompañamiento de una especie de «apartheid sanitario» en la Comunidad de Madrid para los hospitales citados, para los ciudadanos en función del territorio de residencia, y en la incapacidad del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para la adjudicación de contratos para la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada en los seis hospitales citados.
El dirigente socialista explicaba que el plan de privatización del PP tiene como objetivo la destrucción y el desmantelamiento del sistema sanitario público, un modelo construido entre todos los españoles. Por eso, «venimos al Constitucional, a defender la sanidad universal, pública y gratuita para todos los ciudadanos», apuntó Gómez, que insistió en que este recurso representa la defensa que llevan haciendo los profesionales sanitarios, «que quieren lo mejor para los hospitales como los padres y las madres quieren lo mejor para sus hijos», y como lo quieren la mayoría de los madrileños, concluyó.