Al parecer, el afán legislativo del Gobierno no para. Ahora, y por fin, toca reformar la Administración Local, pero no como desde hace años se venía demandando, sino con el objeto, como no, de «cumplir la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera», textualmente, según un Informe del Consejo de Ministros, «evitar que gasten más que ingresan».
Se habla de reordenar competencias y evitar duplicidades, pero los objetivos ocultos son fortalecer las diputaciones (administraciones no democráticas), eliminar mancomunidades (fórmula asociativa que ha paliado los efectos negativos de la fragmentación municipal), reducir el número de concejales (elegidos por sus vecinos)…….., o ¿curarse en salud para evitar más casos de malos gestores, de políticos corruptos…?
Las principales novedades, tal y como se conocen los últimos borradores, consisten en condicionar el principio de proximidad del municipio, condicionar las competencias municipales al cumplimiento de unos estándares de calidad, que no se exigen a ninguna otra administración y de los que nada se sabe, con lo que muchos de los servicios que prestan los municipios, sobre todo los de menos de 20.000 habitantes, pasarán a ser prestados por las diputaciones, en nuestro caso por la Comunidad de Madrid.
En esta reforma sólo se tiene en cuenta la variable financiera, pero se obvia absolutamente la variable política y la social que son las que fundamentan al municipio como la administración más cercana y que aporta cohesión territorial y social.
Esta vía rápida de reducción de costes no deja de ser también simplista, pues cuando se produjo la primera descentralización (del Estado a las Comunidades Autónomas), ya se preveía una segunda hacia las Entidades Locales. Lo que ha ocurrido, muy al contrario, es que las Comunidades «fagocitaron» tanto las competencias como los recursos financieros. No se va a producir ahorro respecto de los cargos públicos, pues la inmensa mayoría de los alcaldes y alcaldesas de municipios pequeños no son cargos remunerados. Y ¿cuánto se va a ahorrar en la prestación de servicios?, lo que los encarece, sobre todo en el medio rural, no es el número de municipios, sino la dispersión de la población.
Sería más eficiente, pero más complejo claro, reformar el sistema de financiación local, ¿por qué reciben los Ayuntamientos participación en tributos del Estado y no de las Comunidades Autónomas?. Utilizando indicadores objetivos se conseguiría un sistema más justo y más equilibrio y estabilidad territorial, pero la Comunidad de Madrid, prefiere repartir sus recursos, los que recibe del estado y los que recauda a sus ciudadanos, mediante el sistema de subvenciones finalistas de dudoso reparto.
De nuevo la reforma se hace de arriba abajo, de nuevo los perjudicados somos los ciudadanos, sobre todo de zonas rurales, lo peor es que de nuevo se sacrifica la democracia y la cohesión social y no se sabe para qué.

Rosa Fdez.