Las Bescam surgieron en 2006, en la primera legislatura de Aguirre, en un intento de mejorar la seguridad en los municipios. Se decidió tras comprobar que la creación de una policía autonómica implicaría cambios en el Estatuto de Autonomía. Los convenios firmados con los distintos Ayuntamientos recogían que el Gobierno regional pagaría durante 12 años todos los gastos derivados de estos agentes: desde las nóminas hasta los coches, las pistolas, el combustible, las emisoras de radio,…
Sin embargo, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre con la excusa de los recortes ha decidido reducir la subvención que recibían 111 ayuntamientos de la Comunidad. Los Ayuntamientos con que cuentan con estos 2.500 policías pagados por la Comunidad de Madrid recibirán a partir de julio un 3,3% menos en el capítulo de las nóminas.
La Comunidad entiende que, si había bajado el sueldo a los empleados públicos, también debía hacerlo con las nóminas de los otros que, pese a no depender directamente de ella, los financia.
Todos los trabajadores deben hacer la misma contribución para reducir las cuentas, destacó la consejera de Presidencia, Interior y Justicia, Regina Plañiol. Esta aseguró que todavía no se ha notificado a los Consistorios afectados la decisión porque tiene que desarrollarse el proyecto de ley en la Asamblea de Madrid. Habrá que ver cómo se aplica junto con los Ayuntamientos que tienen las Bescam, añadió la titular de Interior.
La consecuencia es que los diversos Consistorios deberán asumir ese 3,3% de diferencia, salvo que quieran crear agravios comparativos entre los agentes de la Bescam y los que no lo son.
Las arcas municipales pasan por momentos muy duros, donde se han reducido muchos gastos y suspendido bastantes partidas presupuestarias. Además, la aprobación del Ejecutivo de Aguirre se hace en medio del ejercicio, cuando los Consistorios ya tienen los presupuestos aprobados y en ejecución. La Unión de Jefes de Policía Local (Unijepol), una de las más importantes del sector, ha calculado que el recorte supondrá 1.400 euros al año por cada agente de la Bescam. Los ayuntamientos tendrán que decidir si lo repercuten en los trabajadores o impugnan la decisión de la Comunidad.
Algunos alcaldes van a pedir la reunión urgente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) para intentar que se apruebe una moción contra la reducción del sueldo de las Bescam.